La Contraloría General de la República ordenó a la Municipalidad de Lonquimay la reincorporación inmediata de 16 asistentes de la educación que fueron desvinculados durante el último proceso de ajuste de personal en el sistema educativo municipal. En concreto, un pronunciamiento del organismo fiscalizador concluyó que el término de sus respectivas relaciones laborales no se ajustó a derecho, ya que no se acreditaron los fundamentos legales necesarios para poner fin a los vínculos. Esto se debe a que, si bien el municipio argumentó un déficit presupuestario en el Departamento de Administración de Educación Municipal —acreditado mediante una auditoría externa que habría evidenciado una sobredotación de personal y un eventual incumplimiento del principio de legalidad presupuestaria—, dicha justificación no resulta suficiente para aplicar la causal invocada.

En efecto, la causal prevista en la letra b) del artículo octavo transitorio de la ley N° 21. 109 exige, para su procedencia, la existencia de procesos de reestructuración, fusión o cierre de establecimientos educacionales dependientes de un mismo sostenedor municipal. Sin embargo, esta circunstancia no se advierte en el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 2026, por lo que se desestimaron los argumentos presentados por el municipio para justificar la aplicación de dicha causal.

Alcalde de Lonquimay por fallo de Contraloría En ese contexto, la Contraloría mandató la reincorporación de los 16 asistentes de la educación, tal como lo señaló el alcalde de Lonquimay, Eduardo Yáñez Rivas, quien indicó que “esto es parte de la legalidad que uno tiene que cumplir”. “En este caso, nos dicen que el tema financiero no es una justificación para desvincular personal y nos pidieron reincorporar a sus funciones a todas las personas que habían sido separadas”, agregó. El dictamen instruye al municipio a dejar sin efecto las resoluciones de cese de funciones y restituir a los trabajadores en sus cargos, junto con el pago de las remuneraciones y beneficios que dejaron de percibir desde la fecha de la desvinculación hasta su reincorporación efectiva.

Además, la Contraloría solicitó a la Municipalidad de Lonquimay remitir los antecedentes que acrediten el cumplimiento de la medida dentro de los plazos establecidos.