Camila Alejandra Flores Oporto es, por sobre todo, una provocadora. Acostumbrada a subir el tono, al debate vehemente y a la crítica sin contemplaciones hacia sus oponentes, es una dura defensora de la dictadura militar y, en particular, de la figura de Augusto Pinochet. Aunque fue electa como senadora en noviembre en representación de Renovación Nacional, la verdad es que muchos se preguntan qué hace en ese partido, considerando sus posturas más cercanas a la extrema derecha.

Tanto es así que, en la campaña presidencial, se le vio arriba del escenario del candidato Johannes Kaiser. Flores inició sus incursiones en la política como asesora de Gendarmería y luego como jefa de gabinete del Director Nacional de esa institución, durante el Gobierno de Piñera I. En ese entonces, no formaba parte del grupo de políticos de farándula televisiva.

No fue sino hasta que ingresó al Parlamento que se vio el giro más radical de Camila. En poco tiempo se convirtió en integrante de ese ring llamado “Sin Filtros”, en el que oficialistas y opositores se enfrentan a gritos, con pocos argumentos y con descalificaciones que no hacen más que aportar al desprestigio que la política chilena se ha ganado entre los ciudadanos. Flores es parte de un ramillete transversal de políticos que hoy ocupan la primera línea, como Iván Poduje, Mara Sedini, Francisco Orrego, Fidel Espinoza y Gabriel Alemparte, entre otros.

Sin duda, una paradoja: las encuestas indican que la gente “rechaza” a ese tipo de políticos, pero al mismo tiempo los elige. Parte de la bipolaridad que tenemos como país. Camila Flores ha sido protagonista de diversas controversias y utiliza las redes sociales para atacar con fuerza a sus adversarios.

Durante el Gobierno de Gabriel Boric, la hoy senadora tuvo palabras duras, rayando incluso en la falta de respeto al referirse al exmandatario. Lo acusó, junto a “sus secuaces”, de robarse el Estado, entre otras expresiones. Bailó en TikTok apoyando a Trump, visitó al carabinero que dejó ciega a su hoy colega Fabiola Campillai y fue denunciada por un programa de televisión por sus bajas asistencias a la Cámara.

Incluso, su expareja la acusó de maltrato, violencia psicológica y de utilizar recursos públicos y escoltas policiales para forzarlo a abandonar la casa que compartían. Entre sus intervenciones más polémicas está cuando, en 2018, señaló que la ONU “es un brazo armado de la izquierda”, adelantándose a discursos que luego levantarían figuras como Trump o Milei. Para las Fiestas Patrias de 2025, al ser encarada por una persona en las fondas, le gritó “orca zurda”.

También rechazó con vehemencia la visita a Chile del juez Garzón. Pero si hubo un tema que le permitió a Camila Flores instalarse con fuerza en la agenda, la prensa y las redes sociales fue el caso Convenios, ese escándalo que golpeó al Frente Amplio, precisamente por haber levantado una posición de superioridad moral respecto de la “clase política” de los últimos 30 años. La senadora incluso solicitó que la entonces pareja del expresidente Boric, Irina Karamanos, diera cuentas públicas, intentando vincularla al caso, sin presentar pruebas y sin considerar la presunción de inocencia, principio que hoy exige.

También pidió a la Contraloría investigar un evento realizado en La Moneda por los 50 años del golpe de Estado, que habría costado cerca de 600 millones por asignación directa. Situación que contrasta con lo ocurrido en marzo de este año, cuando un cóctel por el cambio de Gobierno alcanzó casi los 800 millones. Inconsistencias de la política.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía –a partir de una denuncia anónima–, la entonces diputada Camila Flores, junto a su jefa de gabinete, habrían liderado un sistema de recaudación basado en contratar personas como asesores para luego exigirles la devolución de un porcentaje de sus honorarios en efectivo. Es decir, una versión moderna de los “sobrecitos” de los años noventa o de las boletas ideológicamente falsas. De comprobarse la denuncia –que implicaría un eventual desfalco al fisco cercano a los $300 millones–, estaríamos frente a un escándalo de alta gravedad, comparable con casos como ProCultura.

Pero lo más complejo es que este caso podría ser solo la punta del iceberg de un sistema más amplio de financiamiento irregular de la política. La historia reciente muestra precedentes: el caso Penta, el caso SQM o el propio caso Convenios comenzaron como hechos aislados y terminaron involucrando a parlamentarios, ministros, seremis, asesores y jefes de gabinete. No sería extraño que, a estas alturas, más de algún parlamentario haya pasado el fin de semana revisando boletas, comprobantes y mensajes.

Porque, aunque la senadora Flores ha negado los hechos y denuncia una campaña en su contra –argumento habitual en la política–, el reportaje de Canal 13 exhibió mensajes que darían cuenta del modus operandi del sistema. Un mecanismo que, de confirmarse, podría escalar y salpicar a otros actores del Congreso. No es un tema menor.

Cada diputado, además de su dieta cercana a los $8 millones, recibe asignaciones para personal de apoyo de entre $6 millones y $8 millones, gastos operacionales cercanos a $10 millones y más de $1. 200. 000 para asesorías externas.

En cualquiera de esos ítems, advierten en el mundo político, puede existir la tentación de replicar lo que ya algunos llaman “la cuota Flores”.