Las recientes cifras sobre la convivencia escolar en Chile resultan alarmantes. Según datos de finales de marzo de 2026, cuatro de cada diez profesores declaran haber sufrido agresiones físicas o verbales por parte de estudiantes o de sus apoderados. Esta estadística describe un síntoma de fragmentación de las comunidades escolares y también muestra el estado de precariedad y desprotección de la función docente.
Ante este avance progresivo de la violencia se ha reaccionado enfatizando medidas de “securitización”. No obstante, la instalación de pórticos detectores de metales refleja la desconfianza hacia los estudiantes y la erosión de los vínculos en las comunidades escolares. Ello también es el reflejo de una sociedad que teme al “otro”, y ese miedo empuja a preferir el “blindaje” por sobre la reconstrucción del lazo social.
Bajo la retórica de la eficacia inmediata, que ofrece la instalación de estas herramientas, subyace una desatención ética y pedagógica de la labor formativa de la escuela que merece ser examinada. El estudiante como objeto de sospecha Consideramos que la tecnología de vigilancia no es una medida neutra; responde a la forma en que la sociedad y, por cierto, el sistema escolar, ante la complejidad del conflicto social, se desvincula de su entorno, actuando con desafección y desconociendo los orígenes de la violencia. La experiencia internacional demuestra que estas medidas disuasivas suelen concentrarse en liceos públicos y sectores más vulnerados, reforzando un sesgo de clase que criminaliza la pobreza desde la adolescencia.
Desde la perspectiva de la justicia social los estudiantes dejan de ser un sujeto de derecho para convertirse en un objeto de sospecha. Cautela frente a la experiencia internacional En Estados Unidos, el uso sistemático de detectores en distritos urbanos ha sido asociado con un aumento en los niveles de alienación y ansiedad estudiantil, sin reducir significativamente la percepción de inseguridad. Un fenómeno similar se observa en México, donde tras incidentes críticos se realizaron grandes inversiones en arcos detectores que, con el tiempo, terminaron inoperativos o convertidos en simples obstáculos físicos, demostrando que dichas medidas suelen ser una respuesta reactiva que colapsa ante la realidad cotidiana.
En el Reino Unido, el despliegue de los “knife arches” ha profundizado el debate sobre la estigmatización de minorías y la transformación de la escuela en una extensión del aparato policial. Invitamos a la cautela, pues en estos casos el resultado es una sensación de falsa seguridad a cambio de una erosión profunda de la confianza en la institución educativa. La fractura del lazo pedagógico Si pensamos en el aprendizaje, este enfoque de “seguridad” quiebra los aspectos fundamentales de dicho proceso pedagógico.
El aprendizaje requiere, desde su base, un entorno de confianza y reconocimiento mutuo. La neurociencia nos muestra que un cerebro bajo la percepción constante de amenaza prioriza los mecanismos de defensa sobre los procesos de abstracción y creatividad. Cuando el ingreso a la escuela se asemeja al recinto penitenciario, el “currículum oculto” que se impone les enseña a los estudiantes que la convivencia no se regula mediante la dialogicidad, sino mediante el control punitivo.
Deberíamos preguntarnos ¿dónde se origina el malestar de los adolescentes? y si ¿la pérdida de vínculos respetuosos con los demás responde a la exclusión social que empuja a un joven a considerar la violencia como forma de resolver sus problemas? Mientras ofrecemos soluciones cosméticas, nuestras comunidades educativas siguen revindicando la necesidad de tener apoyos psicosociales robustos, mayor prevención y que la salud mental deje de ser un privilegio de pocos.
De la vigilancia al cuidado La legitimidad de la demanda docente por condiciones seguras de trabajo es real y urgente. No obstante, delegar la seguridad en una máquina erosiona la autoridad pedagógica del profesorado —ya golpeado por las agresiones—, reduciéndolo a un rol de custodio. Una escuela segura es aquella donde estudiantes son reconocidos por sus pares y profesores, no simplemente “escaneados” por un dispositivo.
Diversos estudios consignan la relevancia de la comunidad generadora de afectos, lo cual demuestra que la seguridad real se construye en la solidez de los vínculos comunitarios con el entorno donde habitan los jóvenes, ofreciendo alternativas para construir sentido de pertenencia y proyectos de vida diversos. Desde el “vigilar y castigar”, podemos ganar una sensación efímera de control, pero habremos perdido el espacio de afecto y confianza, necesarios para construir una sociedad más sana. Esto nos lleva a reivindicar la escuela como un espacio de excepción frente a la violencia, por ello el desafío no debería focalizarse en ¿cómo blindar los colegios?
, sino ¿cómo transformarlos en espacio, respeto mutuo y participación democrática?