En ese marco, no parece casual que tanto El Mercurio como La Tercera hayan actuado este fin de semana casi como cajas de resonancia de la estrategia gubernamental. Ambos medios, históricamente vinculados a los intereses empresariales y conservadores, no sólo apoyan editorialmente el proyecto, sino que contribuyen activamente a construir el clima político necesario para aislar al PC y al Frente Amplio. La operación incluye además un relato de inevitabilidad: la idea de que la oposición ya perdió la batalla en la Cámara, que el PDG dejó fuera de juego al progresismo y que el Senado será el espacio del “acuerdo serio”.
En La Tercera incluso se destaca el supuesto diálogo reservado entre el senador UDI Javier Macaya y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, como señal de una negociación política en desarrollo. Mientras tanto, desde sectores oficialistas y de derecha se insiste en que el Socialismo Democrático posee una “cultura de diálogo” que debería llevarlo a diferenciarse del Frente Amplio y el Partido Comunista. El problema es que detrás de ese llamado al diálogo aparece una presión política evidente: obligar al socialismo tradicional a escoger entre la lealtad a una oposición amplia o la colaboración con un proyecto económico impulsado por la derecha más dura que ha gobernado Chile desde el retorno a la democracia.
Las declaraciones recientes de Carolina Tohá en La Tercera, donde subrayó las diferencias entre el Socialismo Democrático y el eje PC-FA, alimentaron además las especulaciones sobre posibles fisuras opositoras. Aunque aún no existe una definición explícita de apoyo al proyecto gubernamental, el oficialismo percibe allí una oportunidad política. Sin embargo, un eventual respaldo del Socialismo Democrático a una rebaja tributaria para grandes fortunas podría tener costos políticos profundos.
No sólo porque chocaría con principios históricos del socialismo chileno ligados a la redistribución y la justicia fiscal, sino también porque podría provocar una fractura con parte importante de su electorado progresista. La derecha parece haber comprendido algo fundamental: que la disputa no es únicamente económica, sino cultural y política. Su objetivo no es sólo aprobar una reforma tributaria favorable a los grandes grupos económicos, sino también reordenar el mapa opositor y debilitar cualquier posibilidad futura de articulación entre las fuerzas progresistas.
Por eso la discusión de esta semana en la Cámara y luego en el Senado será mucho más que un debate tributario. Lo que está en juego es el tipo de oposición que enfrentará al gobierno de Kast en los próximos años y hasta qué punto sectores históricos de la centroizquierda estarán dispuestos -o no- a cruzar una línea política que podría redefinir su identidad frente al país.