El hallazgo de al menos ocho fetos en bolsas de residuos dentro de una clínica de Buenos Aires puso en marcha una investigación que puso de relieve la aplicación de la ley de aborto legal, vigente desde 2021 en Argentina, y la posible existencia de delitos como trata de personas o apropiación ilegal de recién nacidos. El caso se activó a mediados de abril a partir de la desaparición en Santiago del Estero (centro) de una niña de 12 años, que cursaba un embarazo de 32 semanas producto de una violación. La búsqueda derivó en un operativo que la ubicó, junto a su madre, en la clínica Santa María, ubicada en Villa Ballester, es decir, a más de 1.

200 kilómetros de su hogar. Así, lo que parecía una simple búsqueda de paradero, abrió un escenario mucho más complejo y macabro. Durante un allanamiento, la Policía encontró en la clínica fetos descartados en condiciones irregulares, algunos con signos de desmembramiento.

Por ley, los residuos biopatogénicos tienen protocolos estrictos de tratamiento, identificación y disposición final, en un proceso estrictamente regulado que busca evitar riesgos sanitarios y daños ambientales. Sin embargo, la Justicia investiga en este caso la ausencia de registros claros, rotulación y trazabilidad acerca de qué tipo de prácticas se realizaban y bajo qué controles. Al mismo tiempo, debe responder una pregunta clave: si alguno de los fetos hallados corresponde al embarazo de la menor santiagueña.

Serán determinantes entonces las pericias de ADN, además para dar con el progenitor biológico y abusador. Y si el embarazo fue interrumpido, deberá establecerse si se trató de una práctica bajo el paraguas de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) – Ley Nº 27. 610.

Si, en cambio, hubo un parto con un bebé viable, dado el avanzado estado de gestación, la hipótesis podría modificarse hacia un posible circuito ilegal de entrega de recién nacidos. Lee también... Ley de aborto: cómo fue la intrincada aprobación en Argentina y qué efectos provocó Sábado 31 Mayo, 2025 | 10:27 Una niña abusada con 32 semanas de embarazo: qué dice la ley del aborto en Argentina El dato de las 32 semanas de embarazo de la chica de 12 años debe entenderse en el marco de la normativa vigente en Argentina, donde el acceso seguro y legal a la IVE establece la práctica del aborto hasta la semana 14 inclusive.

Después de ese plazo, sólo está permitido bajo causales: violación o riesgo para la vida o la salud de la persona gestante. En este caso descubierto en Villa Ballester, la causal de violación está presente, lo que habilita la práctica incluso en etapas avanzadas. De todos modos, no significa que cualquier procedimiento sea indistinto.

A mayor edad gestacional, los protocolos médicos cambian sustancialmente, ya que no se trata de una interrupción temprana, sino de intervenciones complejas que pueden derivar en partos inducidos, con posibilidad de sobrevida fetal. La pregunta central es por qué no se resolvió antes la situación de la menor. La Justicia también busca determinar si hubo demoras, fallas institucionales o decisiones que permitieron que el embarazo avanzara hasta el octavo mes sin una intervención clara dentro del sistema de salud de Santiago del Estero, la provincia del país con la segunda tasa de interrupción más baja del país (0,04 por cada mujer en edad fértil), según datos de Proyecto Mirar, especializado en la salud reproductiva y los derechos de la mujer.

Otro punto bajo análisis, según detalló el portal Infobae, es el rol de una ONG de la Ciudad de Buenos Aires que habría financiado el traslado de la menor de 12 años y su madre desde Santiago del Estero hasta la capital. Vale recordar que la ley garantiza el acceso a la IVE en cualquier jurisdicción del país y en el sistema sanitario público, sin gastos. De allí que la intervención de actores externos, sumada al cambio de provincia, alimente la sospecha sobre posibles redes paralelas.

Además, la causa que lidera la Unidad Fiscal de Instrucción N° 7 de San Martín avanza contra la clínica bajo la figura de “averiguación de ilícito”, una carátula amplia que permite investigar desde irregularidades médicas hasta delitos penales más graves. Por ahora no hay detenidos. La implementación del aborto legal en Argentina y un debate postergado en Chile El 30 de diciembre de 2020, el Congreso de Argentina aprobó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La promulgación se dio luego por el entonces presidente Alberto Fernández en enero de 2021, convirtiéndose en el tercer país de América Latina en consagrar el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, después de Cuba y Uruguay. El debate, uno de los más intensos dentro de la sociedad trasandina por su tradición católica, arrastraba años en la agenda pública. De hecho, era impulsado desde 2004 por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Fue recién potenciado en la década de 2010 por la llamada “marea verde”, en paralelo a movimientos como #NiUnaMenos, en contra de la violencia de género ante el aumento de los femicidios. Tras un intento fallido en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, la ley finalmente fue sancionada en una histórica sesión de casi 20 horas cerca del Año Nuevo de 2021 y aún con los resabios de los protocolos sanitarios de la pandemia de covid-19. Hasta entonces, el aborto estaba penalizado en Argentina desde 1921, con excepciones limitadas que fueron ampliadas en 2012 por el fallo “FAL” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había establecido que el aborto no era punible en casos de violación.

La normativa vigente permite la interrupción hasta la semana 14 inclusive, y luego sólo en situaciones de riesgo para la vida o en casos de violencia. En el caso de adolescentes de entre 13 y 16 años, pueden acceder al procedimiento por sí solas si comprenden el alcance de la decisión. El sistema de salud, tanto público (gratuito) como privado (arancelado), está obligado a garantizar la práctica de IVE, respetando principios como confidencialidad, autonomía y acceso a la información, mientras que la objeción de conciencia es individual pero no institucional.

Aunque la ley contribuyó a reducir abortos inseguros y muertes evitables, persisten desigualdades en el acceso, especialmente en las regiones más vulnerables del norte del país, donde las condiciones económicas y territoriales siguen marcando diferencias en la atención. Desde su llegada al poder en 2023, sectores de La Libertad Avanza impulsaron iniciativas para derogar la ley, con apoyo de organizaciones religiosas vinculadas al sector evangélico. En el último “Día del Niño por Nacer”, celebrado en marzo, hubo un encuentro de diputados que firmaron un compromiso para derogar el aborto.

Entre los disertantes estuvo el pastor Christian Hooft, presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera). Dijo estar preocupado por la caída de la natalidad en el país y manifestó la necesidad de fortalecer las políticas de cuidado y acompañamiento. “Vivimos en una tragedia”, declaró.

Sin embargo, a pesar del rechazo ya expresado por el presidente Javier Milei al aborto legal, el tema no forma parte de la agenda inmediata del Gobierno por el costo político que implicaría. Una eventual derogación requeriría una nueva ley del Congreso o un Decreto de Necesidad y Urgencia, lo que abriría nuevamente un debate social profundo y polarizado. Según datos del Ministerio de Salud, 79.

186 interrupciones legales y voluntarias del embarazo se realizaron en 2024 (último dato disponible). Sumadas a las de 2021, 2022 y 2023, se contabilizan más de 356 mil prácticas en el sistema público. De acuerdo a un relevamiento de Amnistía Internacional, en 2025 se triplicaron las denuncias recibidas sobre barreras para acceder al derecho.

“La ausencia de campañas públicas por parte del Estado Nacional, los obstáculos para contactarse con la línea 0800 de Salud Sexual y la falta de información, asesoramiento y derivación adecuadas por parte de las obras sociales y empresas de medicina prepaga comprometen seriamente el acceso a derechos”, indicaron desde la reconocida ONG.