Dicho todo lo anterior, en absoluto pretendo desconocer la importancia que tiene lograr un crecimiento económico sostenido e inclusivo para generar los recursos que faciliten la superación de muchos obstáculos y restricciones que experimenta un país como el nuestro. Entender el crecimiento económico como fenómeno multicausal exige reconocer la necesidad de actuar tanto por el lado de la oferta como de la demanda, y que la combinación y énfasis de esas políticas económicas debe estar determinada por el estadio de desarrollo y/o la coyuntura específica en que se encuentra la economía de un país. La realidad de Chile, en los últimos 12 años, es que estamos creciendo a nivel del PIB potencial y, por lo tanto, el desafío consiste en desplazar la frontera de nuestro crecimiento a niveles superiores.

Esto requiere un enfoque integral dirigido a agregar mayor valor y diversificar la actual matriz productiva, superar de manera sostenida la heterogeneidad de nuestra estructura económica y garantizar que los frutos de ese crecimiento contribuyan a disminuir los excesivos niveles de desigualdad que nos caracteriza. Ante este desafío, el proyecto del gobierno adolece de dos falencias. Primero, poner solo el énfasis en políticas amigables a los mercados y al sector privado omitiendo el rol que le compete al Estado en la generación de condiciones habilitantes para un crecimiento sostenido e inclusivo mediante iniciativas que fomenten la innovación, una mayor inversión en I+D, expansión de los mercados internacionales, mayor inversión pública, políticas activas de apoyo a las MIPYMES, perfeccionamiento de las políticas activas y pasivas de empleo, entre otros.

Segundo, asumir que con la sola disminución de la carga tributaria a las grandes empresas y medidas de desregulación bastarán para aumentar significativamente los niveles de inversión, desconociendo que existen otros factores que tienen un mayor peso relativo a la hora de tomar sus decisiones los inversionistas, como son: estabilidad institucional, expectativas de demanda, acceso al financiamiento y disponibilidad de capital humano e infraestructura pública. Prueba de esto es que las más grandes inversiones de empresas chilenas en el exterior se han concentrado en Colombia, Brasil y México cuyas tasas de impuestos a las empresas son del 35%, 34% y 30%, respectivamente. En una línea complementaria, en mi libro “Chile: un camino al desarrollo integral.

El valor para cambiar y la paciencia para prosperar” queda demostrado que la dotación, en calidad y cantidad, de capital social, capital político (instituciones sólidas e inclusivas), capital humano y capital público (rol del Estado en la economía) son factores que explican significativamente los niveles de desarrollo entre distintos países. Frente a la contundencia que nos entrega la teoría y la experiencia comparada cabe preguntarse qué hay detrás del empecinamiento del gobierno en imponer un recetario que se ha demostrado fallido o, en el mejor de los casos, claramente insuficiente ante la complejidad de los desafíos que tenemos, por un lado, y en desatender la opinión ciudadana que en distintas encuestas muestra una caída estrepitosa en la aprobación del gobierno y de las medidas propuestas, por otro lado. Una respuesta fácil, sería decir que se trata de desconocimiento y falta de pragmatismo para entender cómo funciona la economía real.

Pero el asunto es más complejo, en mi opinión, lo que hay detrás es un intento refundacional basado en reestablecer, aunque sea parcialmente pero no por ello menos sustantivamente, el paradigma neoliberal aplicado en el periodo de la dictadura. El problema está en que Chile no es el mismo de ese entonces y, por lo tanto, se debe poner especial cuidado en que la combinación de un ideologismo exacerbado con una tecnocracia ramplona puede estar incubando una inestabilidad política y social en un país en que las raíces profundas del malestar social siguen interpelando a sus élites políticas y económicas. En consecuencia, si estamos de acuerdo en todo lo anterior, a las fuerzas progresistas no le cabe otra posibilidad que votar en contra de este proyecto en general y desplegar a lo largo del territorio nacional un esfuerzo de pedagogía democrática de cara a la ciudadanía no solo para explicar la inconveniencia de este proyecto, sino que también trasmitir una visión alternativa.