A tres años de la implementación de la Ley REP, GIRO exhibe una expansión que da cuenta de un cambio concreto en la gestión de residuos en Chile: pasó de operar en 3 regiones y poco más de 12 mil viviendas a estar presente en 10 comunas del centro y sur del país. Pero el avance convive con brechas persistentes en acceso, cultura recicladora e infraestructura. Tres años después de la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), el reciclaje en Chile dejó de ser, al menos en parte, una promesa abstracta para convertirse en un sistema con mayor presencia territorial, más actores involucrados y metas concretas en marcha.

Sin embargo, ese avance todavía no logra borrar una realidad desigual: el acceso sigue siendo limitado en muchos territorios, la participación ciudadana continúa siendo baja y la infraestructura para sostener el modelo aún está lejos de responder a toda la demanda. Desde GIRO, su gerente Sara Rebeca Pérez plantea que uno de los signos más visibles del cambio ha sido la expansión operativa. “Uno de los principales logros ha sido la expansión progresiva de infraestructura y cobertura territorial para el reciclaje de envases y embalajes, acercando este servicio de manera gratuita a miles de hogares que antes no contaban con acceso a recolección domiciliaria selectiva”.

La cifra ayuda a dimensionar esa transformación: hace tres años el sistema inició operaciones en 3 regiones, en poco más de 12. 000 viviendas; hoy está presente en 10 comunas de la zona centro y sur del país, y proyecta seguir ampliando sus operaciones a más de 100. 000 viviendas.

Ese crecimiento no solo se expresa en cobertura. Según Pérez, el despliegue ha permitido aumentar la recolección y valorización de envases reciclables, contribuir al cumplimiento de metas REP y ampliar el impacto social del sistema. GIRO afirma haber beneficiado ya a más de 330.

000 personas y proyecta que durante 2026 podría alcanzar alrededor de 240 mil viviendas. A ello se suma el trabajo con el sector productivo: la organización ha acompañado a más de 500 empresas en el cumplimiento de sus metas, promoviendo prácticas más sostenibles y una transición hacia modelos alineados con la economía circular. Pero el balance no es complaciente.

La propia experiencia de implementación ha dejado a la vista limitaciones estructurales que el sistema todavía no consigue resolver. La primera es territorial: el reciclaje sigue dependiendo, en gran medida, de la capacidad de ampliar infraestructura y extender cobertura para que más personas puedan acceder al servicio de manera permanente. A eso se suma una barrera cultural que sigue pesando.

“En participación ciudadana, el desafío cultural sigue siendo significativo: según estudios realizados en los últimos años, hoy solo cerca de un 26% de los chilenos recicla de manera frecuente, y la principal barrera declarada continúa siendo la falta de acceso e información sobre cómo reciclar correctamente”. El problema no termina ahí. También persisten brechas de mercado para ciertos materiales reciclables, especialmente aquellos con menor valor comercial o con capacidades limitadas de valorización dentro del país.

En otras palabras, no basta con recolectar más si la industria aún no es capaz de absorber y transformar de manera eficiente todo lo que entra en circulación. Esa tensión revela uno de los nudos centrales de la Ley REP: la necesidad de que el avance normativo vaya acompañado por una infraestructura industrial robusta y una demanda sostenida por material reciclado. Pérez sostiene que, pese a esas dificultades, la ley sí ha producido un giro de fondo en la manera en que Chile enfrenta sus residuos.

“La Ley REP ha significado un cambio real y estructural en el modelo de gestión de residuos en Chile, instalando por primera vez una responsabilidad compartida y una articulación concreta entre empresas, municipios, gestores, recicladores de base y ciudadanía”. En esa definición aparece uno de los aportes más relevantes del proceso: haber desplazado la gestión de residuos desde una lógica fragmentada hacia un ecosistema más colaborativo, donde los municipios cumplen un papel decisivo como articuladores territoriales. Aun así, el desafío de fondo sigue siendo convertir esa arquitectura en una experiencia cotidiana, homogénea y efectiva a lo largo del país.

La misma ejecutiva lo resume con claridad: “Sin embargo, aún existe una brecha relevante entre la ambición normativa y su implementación efectiva en el territorio, asociada a capacidades municipales, infraestructura disponible y participación ciudadana”. Es decir, la Ley REP ya empujó un cambio estructural, pero todavía no logra cerrar la distancia entre el diseño institucional y su aterrizaje real en comunas, barrios y hogares. A tres años de su implementación, el balance parece moverse precisamente en esa tensión.

Por un lado, hay una expansión concreta del reciclaje domiciliario, mayores niveles de articulación entre actores y un sector privado que comienza a asumir con más fuerza su responsabilidad. Por otro, persisten las brechas que amenazan con ralentizar el proceso: cobertura insuficiente, baja participación ciudadana, mercados débiles para ciertos materiales y capacidades municipales desiguales. La promesa de la Ley REP ya comenzó a materializarse, pero su consolidación dependerá de si Chile logra convertir ese avance inicial en un sistema realmente masivo, trazable y equitativo.