En la jornada de votación en particular en la Cámara de Diputadas y Diputados, el destino de ocho artículos de la Ley Miscelánea o Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social pendió de un hilo: fueron aprobados por menos de siete votos de diferencia (con cuatro diputados opositores menos en la Sala y uno de oposición) y en dos casos triunfaron por un solo voto (75 a 76). A diferencia de la Cámara, en el Senado existe un equilibrio numérico más estricto entre el oficialismo y la oposición, lo que obligará al Ejecutivo a buscar acuerdos transversales para aprobar el corazón de la reforma. Los senadores debatirán materias sensibles de la iniciativa, tales como las franquicias tributarias, nuevas normativas de derechos de autor e inteligencia artificial, y el impacto en los ingresos de los municipios debido a la reducción de contribuciones.
Se espera que la oposición insista en sus reparos, discutiendo un gran número de enmiendas orientadas a corregir o modificar el proyecto con una larga y exhaustiva revisión de indicaciones. Ese escenario se traslada ahora al Senado, donde en teoría el oficialismo tiene 26 votos y la oposición 24. No obstante, en la votación en particular los votos de los senadores Miguel Calisto (Ind-Dem), Matías Walker (Dem), Karim Bianchi (Ind) y Alejandro Kuzanovic (Ind-PNL) votarán de acuerdo con su opinión en cada artículo.
Un poco más de suspenso le agrega a ese escenario el hecho de que en la oposición analizan un posible desafuero del senador Calisto para la ultima quincena de enero; el envío al TC de las propuestas de invariabilidad tributaria por 25 años y Sala Cuna Universal; una batería de indicaciones y la ausencia de un secretario general del Senado que conozca el proceso con el carácter de Miguel Landeros en la Cámara, a quien incluso se le pidió un informe en Derecho de 20 páginas. El paso del proyecto de Ley Miscelánea no será un mero trámite; por el contrario, se perfila como el filtro definitivo donde se librará una batalla “voto a voto” que podría alterar una parte de las reformas. La tramitación en comisiones será similar a la de la Cámara.
Antes de ser votado en el Pleno de la Corporación, el texto deberá pasar por instancias técnicas clave como las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente. En Franquicias Sence no existe consenso sobre este beneficio tributario y se reporta que, incluso, en sectores de Renovación Nacional hay resistencia a apoyarlo si el Ejecutivo intenta reponer indicaciones rechazadas. Fragilidad de los acuerdos en la Cámara se fortalecen en el Senado El paso del proyecto por la Cámara Baja dejó en evidencia una Corporación profundamente fracturada.
El dato más revelador fue la aprobación del Artículo Sexto Transitorio –clave para las Garantías de Apoyo a la Vivienda Nueva–, que se visó por apenas un sufragio: 77 votos a favor frente a 76 en contra. Esta precariedad en los consensos es la que hoy hereda el Senado, donde se anticipa que la definición será igualmente ajustada. Incluso propuestas que contaron con mayoría simple, como la exigencia de reforzamiento ambiental previo a la reducción de plazos, terminaron siendo rechazadas por no alcanzar quorum calificado (76 a favor y 75 en contra).
Estos antecedentes sugieren que en la Cámara Alta cualquier ausencia o cambio de postura de último minuto será determinante. A diferencia de lo que algunos protagonistas calificaron como una tramitación “mágica” y veloz en la Cámara de Diputadas y Diputados, se espera que el Senado imponga un ritmo distinto. En los pasillos del Congreso ya se comenta que en la Cámara Alta existen “votos muy raros” y una incertidumbre real sobre cómo se alinearán figuras como el senador Calisto o la bancada de Renovación Nacional.
El nudo crítico: invariabilidad para nacionales y el fantasma del TC Tras un ajustado paso por la Cámara, el Senado asume ahora la responsabilidad crítica de definir el futuro del Artículo 33 del proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional. Este punto es el eje de la controversia, ya que propone reintroducir la invariabilidad tributaria con un plazo de 25 años, una extensión calificada como inédita en la historia legislativa chilena. La relevancia de la votación en la Cámara Alta radica en la validación de la figura jurídica del “contrato-ley”.
Según los informes técnicos, este mecanismo crea un acuerdo bilateral que otorga derechos adquiridos al inversionista, impidiendo que el Estado modifique unilateralmente las tasas o exenciones durante el periodo pactado. Si el Senado aprueba esta norma, el Estado quedaría atado a mantener las condiciones fiscales, bajo riesgo de enfrentar demandas de indemnización por responsabilidad patrimonial si decide alterarlas en el futuro. Otro factor de alta tensión política es la inclusión de inversionistas nacionales en este beneficio, tradicionalmente reservado para capitales extranjeros Si bien este mecanismo ha existido en el pasado (como el DL 600 o leyes de concesiones de Lagos ), la versión actual contiene un elemento calificado como “novedoso”: la inclusión de inversores nacionales.
Fuentes legislativas advierten que este punto permite que grandes sectores del retail local se acojan a beneficios originalmente pensados para la inversión extranjera, lo que ha sido tildado como un ingreso “de contrabando” en el proyecto. Esta controversia abre la puerta a una ofensiva ante el Tribunal Constitucional (TC). Aunque existen dudas sobre si el TC intervendrá en una ley de carácter misceláneo, se especula que podría imponer mayores exigencias para validar la invariabilidad si esta beneficia a actores locales.
Lo que está en juego El Senado tiene en sus manos el diseño final de una reforma que busca reducir el impuesto corporativo del 27% al 23% y reintegrar totalmente el sistema para 2031. Mientras beneficios sociales como la exención de contribuciones para mayores de 65 años gozan de amplio respaldo, el “núcleo duro” de los incentivos económicos será sometido a un escrutinio técnico y político mucho más riguroso que en la etapa anterior. Sectores de la oposición cuestionan que empresas locales de gran magnitud, como el retail, puedan congelar sus impuestos, lo que para algunos expertos roza el límite de la igualdad ante la ley.
Finalmente, el Senado operará como un filtro de admisibilidad. Dado que la materia tributaria es de iniciativa exclusiva del Presidente, cualquier cambio profundo que los senadores intenten introducir sin el patrocinio directo del Ejecutivo será declarado inadmisible, limitando el margen de maniobra parlamentaria a una aprobación o rechazo del diseño original.