El Gobierno decidió poner suma urgencia al proyecto que elimina el carácter de feriado irrenunciable durante los procesos electorales, acelerando así una discusión que vuelve a dividir posiciones entre actividad económica y participación ciudadana. La medida, impulsada originalmente por diputados de la UDI en 2024 -entre ellos, el representante de Ñuble, Cristóbal Martínez-, deberá ser despachada por la Cámara en un plazo de 15 días. La iniciativa apunta a modificar la normativa vigente que actualmente obliga al cierre de locales comerciales emplazados en mall, strip center y recintos administrados bajo una misma razón social durante elecciones y plebiscitos.

Sus promotores sostienen que la regulación ha provocado fuertes pérdidas económicas y una discriminación arbitraria respecto de otros establecimientos que sí pueden operar. El debate ya comenzó a generar posiciones contrapuestas entre parlamentarios de Ñuble y representantes del comercio local. Mientras algunos defienden compatibilizar el derecho a sufragio con el funcionamiento del comercio, otros cuestionan que el Ejecutivo priorice una reforma de este tipo en medio de un contexto en el que el voto obligatorio exige mayores facilidades para concurrir a las urnas.

Compatibilizar efectos y garantías El diputado Carlos Chandía (RN) sostuvo que la propuesta merece ser analizada considerando tanto los efectos económicos como las garantías para los trabajadores. “Efectivamente, los gremios del comercio han entregado datos que hablan de perjuicios económicos importantes por la irrenunciabilidad del feriado electoral, y por otro lado, acá no se tocará el derecho de todo trabajador de ausentarse por espacio de dos horas para ejercer su derecho a voto”, afirmó el parlamentario, quien adelantó que respaldará una discusión que permita “compatibilizar ambos elementos”. La ofensiva legislativa se sostiene también en cifras levantadas por la Cámara de Comercio de Santiago, que estimó pérdidas cercanas a los US$900 millones durante los 15 procesos electorales realizados en los últimos seis años.

Bajo ese argumento, los impulsores del proyecto aseguran que la actual normativa perjudica especialmente a emprendedores, trabajadores y comercios establecidos. Desde una posición opuesta, el diputado Felipe Camaño (ind. -DC) criticó la urgencia otorgada por el Ejecutivo y advirtió que el debate podría debilitar el carácter cívico de las elecciones.

“Es una mala señal que el Gobierno le coloque urgencia a este tipo de proyectos, porque el feriado electoral no es un privilegio, sino una herramienta que busca fomentar la participación ciudadana y fortalecer nuestra democracia”, expresó. El parlamentario agregó que, en un escenario de voto obligatorio, el Estado debiera facilitar la concurrencia a votar y no “relativizar la importancia de una jornada electoral que marca el rumbo del país, las regiones y comunas”. “La ley garantiza dos horas para votar” Uno de los firmantes de la iniciativa, el diputado Cristóbal Martínez (UDI), defendió el avance del proyecto, señalando que responde a los efectos económicos acumulados durante los últimos años.

“Este es un proyecto que presentamos en 2024 a raíz de los significativos efectos económicos y laborales que las elecciones estaban generando en el comercio”, sostuvo, agregando que la normativa vigente “es completamente arbitraria” porque afecta solamente a determinados tipos de establecimientos comerciales. Martínez insistió en que la legislación ya garantiza el derecho a voto mediante el permiso laboral de dos horas, por lo que -a su juicio- no existirían fundamentos para mantener paralizado al comercio durante toda la jornada electoral. Desde el mundo empresarial local, el presidente de la Cámara de Comercio de Chillán, Alejandro Lama, respaldó abiertamente la propuesta y sostuvo que el gremio viene impulsando hace tiempo un cambio en esta materia.

“Hay tiempo más que de sobra para cumplir con el deber cívico y, además, poder ocupar el resto del día en hacer compras”, planteó, recordando que el sistema de votaciones realizado en dos jornadas “funcionó bien” sin feriado irrenunciable. Lama aseguró, además, que mantener el cierre obligatorio del comercio termina afectando ventas, empleabilidad y actividad económica, particularmente en regiones donde los fines de semana representan jornadas clave para pequeños y medianos comerciantes.