Dice: “La operación es de manual: un gran engaño. Una construcción sistemática para fijar en millones de cabezas una certeza que no es verdad, pero lo parece: que Chile está casi destruido, que vivimos una emergencia económica terminal, que no hay autoridad, que la corrupción carcome cada institución, que la delincuencia tomó las calles, que los inmigrantes nos invadieron, que el país está terminado…” El relato de Kast y Quiroz ha sido efectivo. A cualquier persona de derecha o de centro derecha que le critico la rebaja tributaria se me tira encima como fiera: que hasta cuándo toleraremos el estancamiento y este Estado lleno de vagos.

Por ello decidí precisar, en base a datos, las afirmaciones de Pickering. ¿Emergencia? Las agencias que evalúan el riesgo-país mantienen sus notas estables, destacando la credibilidad de las instituciones macroeconómicas.

Moody’s nos clasifica en riesgo A2, similar a Islandia y España. Nuestra deuda pública es 45% / PIB, vs. 105% en el promedio OCDE; y el FMI acaba de publicar una declaración destacando la resiliencia de la economía chilena, pero ajustando sus expectativas debido al alza del petróleo.

Por ello recortó nuestra proyección a un 2,2% desde el 2,4% previo. Bajo un escenario de precios del cobre entre US$ 5,50 y US$ 6,00 la libra, el crecimiento se acercaría al 3% hacia 2030. En todo caso, la apertura de la compuerta permisológica permitiría la rápida expansión en base a proyectos hoy formulados pero detenidos, por nada menos que US$ 80 mil millones.

Además, el Plan Nacional de Infraestructura elaborado por el MOOPP en 2025 representa nada menos que US$ 300 mil millones en proyectos que se podrían comenzar a concesionar. ¿Estancamiento? Es verdad.

Nuestra tasa 1990 – 2004 fue superior al 6% anual (el “boom” chileno), fue decreciendo a partir de 2005 y ahora nos debatimos entre el 2,2% y el 3%. La culpa no la tiene el tamaño del Estado sino la combinación del cáncer permisológico, que parece estar bien abordado por Kast, y sobre todo, por un sistema político que rebajó la duración del período presidencial de 6 a 4 años con elecciones intermedias de municipios, regiones y parlamento, y con una constante rotación de coaliciones. La tasa de 27% de impuesto a las utilidades está desalineada con la de otros países y sería bueno irla disminuyendo gradualmente, siempre que ese recorte sea compensado con mayores impuestos personales.

¿Ineficiencia y/o corrupción pública? En un estudio OCDE de 2017 la eficiencia del gasto público chileno aparece como la cuarta más alta del mundo… pero en el informe OCDE Economic Surveys: Chile 2024 se sugiere que mejorar la focalización de los programas sociales y reducir su duplicidad y fragmentación administrativa podría liberar hasta un 1,5% del PIB. No hay evidencias de corrupción masiva pero si hay fuentes de ineficiencia que pueden ser por sobredotaciones y duplicaciones programáticas.

Corregir esto requiere una reingeniería de muchas entidades y programas en un plazo de unos 3 a 4 años, mediante un gran proyecto de modernización del Estado y con muy buenos directivos públicos, pre-requisito esencial. ¿Delincuencia? Nuestra tasa de homicidios de 1990 a 2017 oscilaba entre 2,5 y 4,0 cada 100 mil habitantes, igual al promedio OCDE.

Pero… de 2018 a 2022 la tasa subió hasta 6,7 con la llegada de los narcos. De 2023 a 2026 se logró frenar la curva ascendente. La implementación de muchas leyes de seguridad, más el aumento del presupuesto y el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza han permitido caídas consecutivas hasta 5,2 hoy.

Para el promedio de América Latina es 20. Un dato macabro: el 50% de la población penal comenzó a delinquir a los 13 años de edad. Mientras no resolvamos los problemas de la infancia, la delincuencia no se va a contener meramente con más cárceles y policías.

La violencia se ha concentrado en la Macrozona Norte y en zonas específicas de la RM. No estamos en crisis por problemas de seguridad, y el gobierno anterior tuvo respetables avances en esta materia. ¿Narcos?

El narco ha emergido recientemente aunque no todavía como otros países de la región, apareciendo el sicariato y el secuestro extorsivo, que hace diez años eran marginales. La llegada del narco fue inevitable. Necesitamos una Fiscalía Antidrogas que sea similar a la DEA norteamericana, con capacidad de infiltración de bandas, más tecnología, más análisis financiero, con más recursos y capacidades.

¿Migración? En 2018 los migrantes representaron el 4% de la población y en 2026 el 9%. La migración irregular tuvo un pico histórico en 2021-2022.

Para 2025 -2026 ya hubo una disminución sostenida en los ingresos irregulares gracias a la nueva Ley de Infraestructura Crítica y el control militar en la Macrozona Norte. El 16% de los internos en cárceles son extranjeros, superior a su proporción en la población general. Esto se explica por las detenciones en la zona Norte y la presencia de los narcos.

La gran mayoría de los inmigrantes legales son ciudadanos productivos cuya presencia debemos agradecer, especialmente por nuestra caída de natalidad. La calidad en todo tipo de servicios interpersonales ha mejorado notoriamente gracias a ellos. Ufff, qué alivio, no estamos en emergencia.