El reciente mensaje del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile -en adelante Cech– titulado: «Recuperar la paz social y el diálogo político», en la primera oración mueve a la esperanza (pronto esta desaparece): “La paz social no es solo ausencia de violencia, sino obra de la justicia, del respeto mutuo y de la voluntad sincera de buscar juntos el bien común”. Sin embargo, el seguir leyendo lleva a la frustración, después de esa oración, parece que el documento camina con una excesiva cautela, donde la preocupación por las formas democráticas termina por esconder la urgencia del clamor de los oprimidos. El documento, al generalizar la violencia como «verbal e ideológica», diluye la responsabilidad de quienes ostentan el poder económico y político en la generación de la desigualdad.

Mientras el documento pide «prudencia y rectitud» a los legisladores, olvidándose de las causas estructurales de la injusticia y de la posición que fijó el papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, advierte que «hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad… será imposible erradicar la violencia» (Evangelli Gaudium, 59). Ya, desde la encíclica Rerum Novarum de León XIII, quien rompe la neutralidad de la Iglesia al intervenir a favor de los obreros frente al capital, hasta los llamados urgentes del papa León XIV, el hilo conductor de la Iglesia ha sido la convicción de que la paz es el fruto de la justicia. Una paz que solo busca el orden institucional, como lo señala la Cech, sin denunciar la vulneración de derechos, corre el riesgo de ser una «paz de cementerio» o peor aún, un simple mantenimiento del statu quo.

El documento, a lo largo de sus seis puntos, va desde la mención de la justicia social hacia una suerte de «urbanidad política». Desde la perspectiva de León XIII en Rerum Novarum (ya hace dos siglos), y ahora León XIV y antes el Papa Francisco, la justicia no es una abstracción ética, sino una respuesta concreta a la «situación de miseria y de pobreza que pesa tan indignamente sobre la mayor parte de la clase trabajadora» (Rerum Novarum, 1). Si bien es cierto que la degradación del lenguaje político es un síntoma de crisis, la crítica profunda desde el rol profético de la Iglesia debería apuntar a la enfermedad.

Para León XIII, la paz social era imposible mientras persistiera la «usura voraz» y la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, dejando a la «multitud inmensa de los proletarios» en una situación cercana a la esclavitud. En el texto de la Cech, esta «toma de partido» por los oprimidos no aparece, se diluye en un llamado genérico a la «prudencia, respeto y rectitud» de quienes legislan. El mensaje no señala que la verdadera violencia que hiere a Chile no es solo el lenguaje violento o soez en el Congreso, sino la vulneración sistemática de los derechos de los más pobres.

La inclusión del magisterio del Papa León XIV, a quien el documento cita para exhortar a «rehabilitar el lenguaje de la razón, del derecho y de la verdad», refleja fielmente la preocupación de León XIV por el descrédito de las instituciones y la necesidad de consensos como signo de madurez política. Sin embargo, mientras León XIV vincula la paz al derecho y la verdad, el documento de la Cech parece poner el énfasis en la paz como orden y concordia no como justicia. Se olvidan de que el pensamiento de León XIV, incluye una crítica a las estructuras que generan la exclusión.

Sin embargo, en este documento, el reflejo de su pensamiento se limita casi exclusivamente a la forma del diálogo político y no a la urgencia de los oprimidos. El peligro de esta postura es la «neutralidad» que el Evangelio, en los hechos y las palabras de Jesús, parece rechazar cuando se trata de la opresión. La neutralidad ante la injusticia no es una virtud cristiana; es, en palabras del papa Francisco, una forma de complicidad con la «cultura del descarte».

El documento advierte que bloquear iniciativas por «mera visión ideológica» es una «forma de violencia moral», pero no aplica la misma dureza para condenar la omisión del Gobierno y las políticas que promueve, que no hará otra cosa que ampliar el sufrimiento de los vulnerables. El rol profético de la Iglesia la obliga a pronunciamientos claros. Cuando el texto menciona que «quien pierde la medida en las palabras, fácilmente hiere la caridad», se queda en el ámbito de la moral individual.

La moral social, en cambio, exige denunciar que la paz es imposible sin un sistema que garantice condiciones mínimas para una vida digna. En el documento de la Cech la «opción preferencial por los pobres», eje central de la Doctrina Social de la Iglesia, no aparece y menos esa pasión profética que caracterizaba al Papa Francisco quien fue enfático: «Una fe auténtica siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo» (Evangelli Gaudium, 183). La Iglesia no puede ser una espectadora que solo pide buenos modales a los actores políticos.

Debe ser una madre que clama por sus hijos más desamparados. La verdadera «renovación espiritual» no es solo interior; es una conversión hacia la solidaridad estructural. Solo cuando la Iglesia chilena deje de lado la comodidad de la neutralidad institucional para abrazar el conflicto de la justicia, podrá decir que está trabajando realmente por una paz social que no sea solo ausencia de violencia, sino presencia viva de Dios en la justicia para con el oprimido.

Cuando no tema: tomar partido, renunciar a la neutralidad; denunciar con mayor claridad que no habrá paz mientras la economía y la política sigan descartando a los más pobres. La caridad sin justicia social no es amor cristiano, sino asistencialismo o, en este caso, una exhortación moralista que no toca las raíces del conflicto social. Nuestros obispos siguen en deuda.