Asesores parlamentarios de la oposición presentaron ante el Ejecutivo un documento con 23 observaciones formales al Informe Financiero (IF) y al Informe de Impacto Regulatorio que acompañan al Plan de Reconstrucción Nacional, cuestionando la solidez metodológica de las estimaciones de impacto fiscal presentadas por el gobierno. La minuta, elaborada en una mesa técnica acordada el 23 de abril, identifica cinco grandes focos problemáticos: inconsistencias internas en el propio IF, omisión de acuerdos que reducen la recaudación, debilidades en las estimaciones de gasto, errores en las proyecciones tributarias y, especialmente, el uso cuestionable de efectos indirectos sobre el crecimiento como fuente de financiamiento. Error en las tablas La primera observación apunta a una contradicción entre la Tabla 13 y la Tabla 14 del IF.

Mientras la primera registra un efecto recaudatorio de 0,10 puntos del PIB por “adelantamiento de inversiones” para 2026, la segunda consigna exactamente cero pesos por el mismo concepto. El resultado —advierten— es una brecha de al menos $400. 000 millones en la estimación del costo fiscal para ese año.

Asimismo, detectaron que los PIB implícitos que se derivan de relacionar ambas tablas exhiben tasas de crecimiento económico difíciles de justificar, llegando incluso a un descenso de 52% en algún año del escenario con crecimiento. Acuerdos extrapresupuestarios sin registro La segunda línea de crítica apunta a compromisos del Ejecutivo adquiridos durante la tramitación del proyecto —la extensión indefinida de la tasa de impuesto del 12,5% para pymes y la ampliación del bolsillo familiar electrónico a medicamentos y pañales— que no figuran en el IF. En régimen, ambas medidas comprometerían recursos por al menos US$1.

000 millones anuales desde 2028. La reintegración, subestimada en la mitad La observación más técnicamente elaborada del documento apunta a la medida de reintegración del sistema tributario. El IF proyecta un costo fiscal de 0,12% del PIB en régimen, cifra que los técnicos parlamentarios catalogan de subestimada en al menos un 50%.

Como punto de comparación, el Informe de Estadísticas Tributarias del Ministerio de Hacienda publicado en marzo de 2026 estima el efecto en 0,27% del PIB, y el propio IF que acompañó la Modernización Tributaria de 2018 lo situó en 0,20% del PIB. El origen del problema, según el análisis de la oposición, es que el gobierno calculó los créditos sujetos a restitución basándose en los dos últimos años, período en que estuvo vigente el Impuesto Sustitutivo de Impuestos Finales (ISIF), lo que deprimió artificialmente la base imponible observada. ¿Puede el crecimiento financiar rebajas tributarias?

El aspecto más novedoso —y más controvertido— del IF es la incorporación de efectos de “segunda vuelta” sobre la recaudación derivados del mayor crecimiento económico. La oposición no objeta el principio en abstracto, sino la forma en que se aplica. Señala que tres cuartas partes de la recaudación atribuida al mayor crecimiento descansan en extrapolaciones de la Comisión Marfán, la cual calculó sus parámetros asumiendo explícitamente una rebaja corporativa fiscalmente compensada.

El proyecto carece de esa compensación, lo que invalida la extrapolación. A ello se suma un error de cálculo: al estimar el impacto de la simplificación de permisos ambientales, el IF utilizó una reducción de plazos de 2,6 años cuando sus propias proyecciones arrojaban 1,6 años, sobreestimando los beneficios en un 40%, equivalente a US$250 millones menos de ingresos adicionales en 2030. El espacio fiscal deteriorado La observación final y de carácter más sistémico advierte que el propio IF reconoce un déficit acumulado de US$7.

000 millones entre 2026 y 2031 como consecuencia del proyecto. Esa brecha implicará mayor deuda pública, menor gasto fiscal o una combinación de ambos —y en particular un recorte de inversión pública, dado que gran parte del gasto corriente está fijado por ley. El efecto negativo de ese deterioro fiscal sobre el crecimiento no fue incorporado en el IF, creando una asimetría metodológica: se contabilizan los efectos positivos sobre la actividad, pero no los negativos derivados del mayor endeudamiento.