Al cierre de la discusión, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió la continuidad de la medida, enfatizando que "hemos recurrido a nuestras Fuerzas Armadas porque ha sido evidente para cualquiera que se detenga a evaluar los hechos que lo que sucede en esta zona supera al ámbito puramente policial. El gobierno anterior así lo entendió y, consciente de la gravedad de esta situación, consideró conveniente renovar esta medida en 66 oportunidades". Asimismo, destacó que "los efectos de estas medidas están a la vista.
En esto los datos no mienten. Según reporta Carabineros, se ha generado una disminución cercana al 80% en los eventos violentos de la macrozona sur durante los últimos 5 años. Esto se traduce en un menor número de ataques incendiarios, menor número de amenazas, daños y usurpaciones, entre otros delitos.
Ha habido resultados positivos, sin duda. Pero la verdad es que la situación que viven los chilenos en el sur del país está lejos de haberse normalizado". Finalmente, la autoridad recalcó que "no nos podemos dar el lujo de retirar a las Fuerzas Armadas sin antes evaluar a fondo la estrategia actual y hacer modificaciones que mejoren sustancialmente la operación y la efectividad territorial de esta medida.
Las decisiones futuras que como gobierno tomemos en la materia se realizarán en base a un análisis detallado y serio de la situación que se vive en el sur de nuestro país. Para esto necesitamos primero mantener el estado de excepción existente para tener un margen de acción desde el cual evaluar con el sentido de urgencia que merecen las acciones llevar adelante".