El diputado Raúl Soto (PPD), indicó por un lado que “nos parece una decisión política correcta no rebajar el presupuesto de Seguridad, mantenerlo y fortalecerlo, porque sigue siendo una prioridad de la ciudadanía y es lo coherente con lo que han dicho en el pasado”. Sin embargo, sostuvo que “nos sigue preocupando la rebaja en el presupuesto de Educación, de Salud y de Vivienda que deja en desprotección e incertidumbre a la ciudadanía”. La diputada frenteamplista Tatiana Urrutia, sostuvo que ante el freno de esta medida “cabe preguntarse si los ministerios de Salud, Vivienda y Educación abrirán también este tipo de conversaciones con Hacienda, o bien el gobierno deberá explicar por qué sus urgencias no serían consideradas como prioritarias”.
Sobre eso, agregó que el Gobierno de José Antonio Kast “demuestra carecer de gestión, claridad en sus decisiones y responsabilidad al comunicar. Porque mientras más explican, más se enredan”. El recorte que se evitó y las críticas opositoras La semana pasada, la ministra Steinert, junto al subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, asistieron a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, instancia en la que el exdiputado detalló el desglose del recorte que estaba evaluando el ministerio hasta ese entonces.
Del total, cerca de 26 mil millones correspondían a gastos en personal de las instituciones que integran el ministerio. En detalle, para Carabineros se contemplaba una baja de alrededor de 11 mil millones, más otros 4. 700 en operaciones y servicios, lo que habría afectado la mantención de vehículos y cuarteles.
En el caso de la PDI, el ajuste superaba los 16 mil millones de pesos, donde se contemplaban recortes a políticas impulsadas por el gobierno anterior para combatir el crimen organizado, como el plan Calle Sin Violencia. Además, se anticipaba una afectación en el seguimiento de causas judiciales y en otros planes como el de “barrios prioritarios”.