Como sacerdote visito periódicamente la cárcel de mujeres de San Joaquín. Para Semana Santa voy a confesar. No revelaré ningún secreto de confesión.

Pero sí creo que tengo algo importante que contar. Las mujeres que se confiesan han entrado, en general, en un proceso de cambio en su manera de ver sus propias vidas. Podría hablar de conversión, aunque no en todos los casos: muchas han ido a dar a la cárcel simplemente por miseria.

Pero en otros casos –y no son pocos– he visto mujeres que no quieren volver a tener la vida que tuvieron antes. Quieren ser un aporte para la sociedad, tener un trabajo digno, recuperar a sus hijos, reconstruir su familia. Las veo y se les ilumina la cara de solo pensar en un cambio total.

Creo que la función primordial de la cárcel tendría que ser precisamente esta: ayudar a quienes han sido condenadas a transformarse en personas de bien. Por lo mismo es tan lamentable constatar que muchas veces la cárcel es un lugar inhumano, donde da la impresión de que quien está preso tendría que soportar cualquier maltrato. Y lo más triste es lo que ocurre después: estas personas salen con la esperanza de una vida mejor, y la sociedad normalmente no les ofrece nada.

La única oferta real que les queda es volver a delinquir. La reinserción no es caridad: es una obligación estatal. Conozco la Corporación Abriendo Puertas, que ayuda a mujeres reclusas a reinsertarse en la sociedad con resultados notables: de 130 personas que han ingresado al programa, solo cuatro han reincidido.

Si se le ofrece a una mujer que quiere cambiar su vida una posibilidad efectiva de hacerlo, es muy probable que lo logre. Retener a personas durante años en condiciones inhumanas, sin ofrecerles al salir ninguna herramienta para cumplir lo que ellas mismas desean, es un fracaso costoso, humano y social. En realidad, es una crueldad.

Hay además una dimensión que el debate suele pasar por alto: estas mujeres son madres. Un hogar sin madre se desploma. Una mamá en la cárcel son tres niños descuidados, fáciles de captar por los delincuentes.

Y no solo las madres: hoy más que nunca las abuelas sostienen familias enteras. Una abuela en la cárcel puede ser igualmente devastador. Esto último merece una atención especial.

El legislador tendría que considerar seriamente revisar el cumplimiento de penas para personas mayores. ¿Qué sentido tiene mantener presa a una mujer de setenta años, cuando esa abuela puede valer oro para una familia que la necesita? La clemencia no es debilidad: es reconocer que la dignidad humana puede activarse con un trato magnánimo a quienes nunca han sabido que son dignas.

Las sociedades que generan miseria como subproducto de su prosperidad tienen que hacer sentir a los humillados que merecen el mismo respeto que los demás, aunque estén en la prisión. La dignidad humana nadie tiene derecho a quitarla. Lo que corresponde es hacerla saber precisamente a quienes han interiorizado que se puede hacer con ellos cualquier cosa o prescindir de su posible aporte.

Si el argumento de la dignidad no convence, sáquense las cuentas con papel y lápiz. Mantener en la cárcel a una persona es caro. Privar a una familia de una madre que cuide a los niños puede ser aún más oneroso para la sociedad.

La cárcel no puede ser un lugar deshumanizante. Tendría que ser exactamente lo contrario: un lugar donde las personas progresen en humanidad. Y la sociedad, cuando esas personas salen, debiera hacerse cargo de ayudarles a cumplir sus mejores deseos.