En una declaración pública, la Comisión Nacional de Medio Ambiente del Partido Comunista se indicó que el megaproyecto del gobierno “presenta ambas dimensiones como contradictorias” y se “ignora décadas de evidencia sobre el costo real de degradar los sistemas naturales de los que depende la propia economía”. “El Siglo”. Santiago.

29/4/2026. El siguiente es el texto íntegro de una Declaración Pública de la Comisión Nacional de Medio Ambiente del Partido Comunista de Chile, frente al megaproyecto de “reconstrucción nacional” que presentó el gobierno: La Comisión Nacional de Medio Ambiente del Partido Comunista de Chile ha analizado el proyecto de ley presentado por el gobierno denominado “Para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social”. El texto contiene numerosas disposiciones que resultan alarmantes y revelan que las necesidades que el país enfrenta en materia económica y de reconstrucción tras los devastadores incendios que afectaron a Valparaíso, Ñuble y el Biobío pretenden ser utilizadas como coartada para debilitar garantías ambientales básicas.

El proyecto modifica el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en direcciones preocupantes: reduce los mecanismos de revisión y control ciudadano sobre las resoluciones de calificación ambiental, y otorga al Servicio de Evaluación Ambiental facultades para desestimar pronunciamientos de otros organismos del Estado. Impugnar una RCA no es un obstáculo burocrático: asegura que errores puedan corregirse antes de que los daños sean irreversibles. Concentrar la decisión técnica en un solo órgano, a su vez, contradice décadas de política ambiental construida sobre la coordinación interinstitucional.

Debilitar ambas garantías no agiliza el desarrollo, lo fragiliza. Especialmente grave resulta la disposición que obliga al Estado a restituir gastos a titulares de proyectos cuando una resolución de calificación ambiental sea anulada por sentencia judicial firme. Convertir ese resultado en un costo fiscal introduce un blindaje económico para los titulares y erosiona la neutralidad del Estado frente a la justicia ambiental.

Lo agrava aún más la limitación de las medidas cautelares a un máximo de seis meses, lo que favorece el avance de obras antes de que los conflictos se resuelvan y multiplica el riesgo de daños consumados. Preocupa también que el proyecto postergue la entrada en vigor de instrumentos clave para la conservación del territorio, ampliando a cinco años el plazo para determinar qué sitios prioritarios quedarán cubiertos por la Ley de Biodiversidad, condicionando esa decisión a reglamentos con su propio plazo extendido. En la práctica, áreas con valor ecológico reconocido permanecerán sin protección operativa durante años, expuestas a solicitudes de inversión evaluadas bajo el mismo SEIA que este proyecto debilita.

La protección ambiental no es un freno al desarrollo, sino su condición de viabilidad. Un proyecto que presenta ambas dimensiones como contradictorias ignora décadas de evidencia sobre el costo real de degradar los sistemas naturales de los que depende la propia economía. A ello se suman los mercados de destino de exportaciones chilenas que incorporan exigencias de sustentabilidad como condición de acceso.

En ese contexto, Chile no puede darse el lujo de ser percibido como un país que retrocede en materia ambiental justo cuando sus principales socios comerciales avanzan en la dirección contraria. Llamamos al Congreso a abrir un debate informado, convocar a organismos especializados y dar espacio real a las organizaciones de la sociedad civil antes de legislar. Lo que está en juego no admite urgencias fabricadas: hay daños ambientales que no se reparan y territorios que no se recuperan.

Santiago, abril de 2026. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Partido Comunista de Chile.