La nueva querella criminal de Toesca en el caso Sartor busca responder la pregunta más incómoda del caso: ¿Con plata de quién Michael Clarl compró el control de Azul Azul? La nueva acción judicialapunta a una arista distinta de las anteriores. Ya no se trata del proyecto inmobiliario en Miami ni del circuito One River Point/Faena Residences.

Esta vez el foco está puesto en la ruta financiera que habría permitido al grupo Sartor financiar a Clark para la toma de control de la concesionaria de la Universidad de Chile. La nueva querella, presentada por Toesca como liquidadora de fondos de Sartor, va contra Pedro Pablo Larraín, Michael Clark, Miguel León, Mauro Valdés, Óscar Ebel, Alfredo Harz, Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera. Los acusa de negociación incompatible y administración desleal, ambos delitos bajo el paraguas de la Ley de Delitos Económicos.

El corazón del libelo es duro: Toesca sostiene que recursos de los fondos públicos Sartor Leasing, Sartor Táctico y Sartor Proyección habrían sido usados para financiar, directa o indirectamente, al Fondo de Inversión Privado Sartor Tactical Sport, el vehículo que en 2021 compró a Carlos Heller el 63,07% de las acciones Serie B de Azul Azul. Según la querella, el dinero que permitió comprar el control de la U no habría salido de aportes frescos de los partícipes del FIP Tactical Sport, sino de una cadena de créditos, pagarés y sociedades relacionadas. La ruta que describe Toesca es: fondos públicos de Sartor → Inversiones Cerro El Plomo SpA → FIP Tactical Sport → Azul Azul.

Ese es el nudo penal. Para Toesca, los fondos administrados por Sartor terminaron financiando una operación de control, pero sin quedarse con el activo ni con sus beneficios económicos. En vez de eso, quedaron como acreedores de vehículos relacionados, expuestos a pagarés, prórrogas, refinanciamientos y deterioros posteriores.

La querella también pone bajo la lupa el crédito que permitió refinanciar deudas de Azul Azul con Banco Santander, garantizadas en su mayoría por Carlos Heller. Esa operación se estructuró con Inmobiliaria Macul Sartor e Inversiones Gross, y quedó amarrada a los flujos del contrato de televisión con TNT. Luego vino el Bono Bulla, emitido en 2022 por UF 400 mil, que permitió prepagar ese crédito puente y transformar parte de esa exposición en un instrumento de mercado.

Pero el capítulo más sensible aparece en diciembre de 2024. Ahí, Inversiones Antumalal, sociedad ligada a Michael Clark, compró el 90% de las cuotas del FIP Tactical Sport por US$5,7 millones. Con eso pasó a controlar el 100% del fondo que mantenía el paquete accionario dominante de Azul Azul.

Toesca subraya que el precio equivalía a cerca de un tercio de los US$15,5 millones pagados originalmente por el control del club. La querella acusa un conflicto de interés de manual: Clark era al mismo tiempo director de Sartor AGF, presidente de Azul Azul y controlador de Antumalal, la sociedad compradora. Además, recoge declaraciones de directores que aseguran que la operación no fue informada oportunamente al directorio de Azul Azul y que algunos se enteraron por el comunicado público del club.

Para Toesca, el perjuicio estaría en la arquitectura misma: fondos de terceros usados para financiar un activo que terminó bajo control de otros, mientras los aportantes quedaron expuestos como acreedores de sociedades relacionadas, con garantías discutibles y préstamos impagos que rondarían los $8. 000 millones. La CMF ya había sancionado a exdirectores y ejecutivos de Sartor por infracciones a sus deberes fiduciarios, con multas históricas e inhabilidades.

Ahora Toesca busca que esa historia administrativa escale penalmente. Su tesis es que no hubo solo malas decisiones de inversión, sino una estructura sostenida para usar patrimonio ajeno en operaciones relacionadas. La querella pide citar como imputados a los principales exejecutivos y directores de Sartor, tomar declaración al polémico y misterioso Victoriano Cerda; levantar información bancaria, tributaria y patrimonial, revisar operaciones ante la UAF, Banco Central, SII, Bolsa de Comercio, ANFP y Tesorería, y seguir la pista del Bono Bulla, del contrato TNT y de la posterior compra de acciones de Azul Azul por Romántico Viajero SpA.

El Mostrador se contactó con los involucrados en la querella, pero al momento de publicarla, solo Cerda dijo que no iba a comentar nada, mientras que el resto no ha respondido.