En esa línea, el exconsejero regional de la RM, agregó que la iniciativa contiene además elementos de fondo que “son abiertamente conflictivos para el país”. “Bajar el impuesto corporativo a las grandes empresas del 27 al 23%, terminar con el régimen de integración para las grandes empresas y que después los titulares de los socios que puedan sacar aquellos impuestos puedan reintegrarlo en su propia declaración; que se termine con el pago de contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años que solamente beneficia a un quinto de los más ricos de aquella edad. Son cuestiones que atentan contra que el Estado pueda generar mayor financiamiento”, añadió.
Por su parte, la investigadora del Instituto Libertad, cuestionó el relato de la oposición y el uso de “eslóganes” que apuntan a que este proyecto favorece a los ricos. “Esta reforma incentiva el empleo, busca la inversión, va a generar un tremendo apoyo para las pymes. (…) Le haría la invitación a la oposición a tomarse el tiempo necesario para estudiar debidamente este proyecto, porque son 200 páginas.
Para eso también es el debate legislativo, para que en las comisiones se puedan discutir todos los pormenores que tenga la ley. Evidentemente el Gobierno va a querer llevar adelante su proyecto político, pero también tenemos que entender que para eso existe la separación de poderes del Estado y el debate se tiene que dar en el congreso”, enfatizó.