¡Hola a todos! Hay semanas que parecen un eterno déjà vu, no solo por la repetición de los mismos errores no forzados, sino porque los protagonistas siguen siendo los mismos. El viejo mito del eterno retorno.
La filtración del polémico oficio de la Dipres, que llamaba a diversos ministerios a “descontinuar” decenas de programas públicos, terminó echando pie atrás a los planes originales del ministro Jorge Quiroz. El Gobierno dijo que era un problema comunicacional, cuando en el fondo se trataba de un grueso error político. De Hacienda, de la Dipres y también del Segundo Piso, otra vez.
En paralelo, irrumpieron en La Moneda los denominados “Orbán files”, tras la revelación de que el nuevo Gobierno húngaro abrirá una investigación por uso indebido de fondos públicos para financiar maquinarias de adoctrinamiento ideológico conservador, entre ellas, la Political Network for Values (PNfV), organización que presidió José Antonio Kast y que abre un inesperado flanco internacional al Presidente. Mientras el Gobierno guarda un silencio estratégico sobre los “Orbán files”,hay cosas que parecen inalterables. Una de ellas es el patrón que sigue el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en cada una de sus visitas en terreno.
Sin excepción, la controversia termina coronando la cita y acaparando titulares en consecuencia. Este estilo lo ha llevado, incluso, a desmarcarse de los lineamientos de Hacienda, descartando recortes en su cartera y asegurando que tiene un solo jefe: José Antonio Kast. La señal de La Moneda parece clara: el ruido no incomoda si instala agenda.
Para cerrar, abordaremos un tema que tiene al Parlamento expectante. Un informe jurídico reservado sobre la tramitación de la megarreforma de José Antonio Kast, que podría zanjar el asunto en materia constitucional. Las aguas están divididas, pero prima la sensación de que la invariabilidad tributaria podría echar por tierra el proyecto.
“Esto se va a caer en el TC”, anticipa Jaime Mulet. Antes de comenzar la lectura de esta nueva edición de +Política, les pedimos invitar a más personas a que se inscriban acá y así poder hacer crecer esta comunidad de lectores dispuestos a descubrir los secretos de la política. “Orbán files” dejan muda a La Moneda La onda expansiva finalmente llegó a Chile.
No a cualquier lugar, sino al corazón mismo del nuevo Gobierno. Sin previo aviso, los “Orbán files” se instalaron en La Moneda apenas se reveló que la investigación anunciada por el electo primer ministro húngaro, Péter Magyar, alcanzaba a una organización de extrema derecha que presidió José Antonio Kast, tal como reveló la Unidad de Investigación de El Mostrador. La indagatoria busca aclarar si el Gobierno de Viktor Orbán financió ilegalmente a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC)y a otros grupos de la red transnacional de organizaciones de ultraderecha que hicieron de Budapest su centro de operaciones –entre ellos, Political Network for Values (PNfV), liderado por Kast entre 2022 y 2024–.
Sobre la CPAC –la conferencia conservadora que agrupa a partidos, fundaciones y centros de pensamiento de extrema derecha radical–, el actual Mandatario ha dicho que con ella comparte “principios y desafíos comunes”. Respecto a Orbán, ha comentado que el líder del partido Fidesz ha sido una “inspiración”, al punto que aseguró en una entrevista que le gustaría que lo llamaran el “Orbán chileno”. Ahora que el caso aterrizó en La Moneda, el silencio ha sido total.
Pero una cosa es el mutismo del Gobierno y, otra, los hechos que al final terminan hablando por sí solos. Porque el mismo día en que El Mostradorpublicó la noticia sobre los “Orbán files”, una comitiva del think tank húngaro Mathias Corvinus Collegium (MCC) –la principal estructura doctrinaria de las ideas del orbanismo– visitó la sede de la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello, generando molestia en círculos diplomáticos, por tratarse de un centro de pensamiento acusado de corrupción en Hungría. El MCC ha recibido aportes millonarios del Estado húngaro.
En 2022, el think tank fue financiado con 1. 700 millones de dólares por parte del Gobierno de Orbán, equivalentes casi al presupuesto total de la educación en el país. Parte de estos fondos se habrían utilizado para financiar la cumbre de la CPAC de ese mismo año, cuya anfitriona fue la Political Network for Values, encabezada en ese tiempo por José Antonio Kast.
La PNfV es una corporación sin fines de lucro, lanzada el 5 de diciembre de 2014, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Sus fundadores son los españoles Jaime Mayor Oreja–cofundador del Partido Popular– y Lola Valverde –directora de Desarrollo de la Fundación Europea Sociedad y Educación–, junto al expolítico y activista conservador mexicano, Rodrigo Iván Cortés. Kast se incorporó en 2015.
El organismo ha sido identificado como un grupo de odio contrario a las disidencias sexuales, enfocado en la recuperación de valores en torno a la familia, la vida y la libertad religiosa, con raíces en el extremismo católico y mesiánico, y vínculos con El Yunque, CitizenGo, Opus Dei, Heritage Foundation, Hazte Oír y el partido Vox, entre otros. Según diversas investigaciones, la Political Network for Values ha recibido aportes de la Alliance Defending Freedom, el Jewish Institute for Global Awareness–de los empresarios y líderes homofóbicos Arthur Goldberg y Elaine Berk–, la Red de Acción Ética Política (RAEP) de México y el Center for Fundamental Rights, un centro de pensamiento húngaro acusado de recibir dinero de Orbán, para financiar la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). Todo este ecosistema de influencia ideológica que conformó una red transnacional de organizaciones radicales de derecha, hoy está en la mira de las nuevas autoridades de Hungría, que buscan saber si detrás de las cumbres, encuentros internacionales, patrocinios y subvenciones a escuelas de liderazgo, existen antecedentes sobre financiamiento ilegal de campañas políticas.
Ese es el gran temor detrás de la indagatoria. El tema ya llegó a Estados Unidos. Un joven congresista demócrata, Mike Levin, acaba de solicitar a distintas instituciones del Estado norteamericano–Servicio de Impuestos Internos, Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Elecciones– que se pronuncien sobre los fondos que habría recibido la CPAC por parte del Gobierno húngaro.
Mientras lentamente comienzan a verse los efectos en cadena de la investigación, La Moneda ha preferido guardar un silencio absoluto. No se sabe, hasta ahora, por cuánto tiempo más. El malogrado control de daños por los “recortes de Quiroz” Los decretos de Jorge Quiroz no son solo una fría resta contable: han sido un bombazo político en el corazón de La Moneda, justo cuando el discurso oficial promete proteger a los más vulnerables.
Quiroz firmó el “acta de guerra” el pasado 24 de abril, el mismo día en que estallaba la polémica por la circular de la Dipres para “descontinuar” programas. Mientras la decisión se revierte, queda en el aire una particular evidencia. Al menos para los partidos oficialistas, las carteras que articulan la política en La Moneda quedaron sin control sobre el ministro Jorge Quiroz, quien continúa recibiendo críticas desde que materializó la idea de reducir el Mepco.
De la instrucción de descontinuar programas, se pasó rápidamente a un intento de enmascarar las decisiones con el argumento de que había sido un error de léxico. Ingenuamente, según sectores oficialistas, el Gobierno ha salido a afirmar que donde decía “descontinuar” había que leer “reformular” y que cualquier lectura distinta provenía de “malintencionadas interpretaciones”. Mal.
Una estrategia de control de daños del Segundo Piso que confirmó políticamente que las cosas a Quiroz se le habían salido de control. La “aclaración” formulada además contradice la redacción del oficio N° 16 de Hacienda que se difundió por la prensa. La precisión, incluso, fue recibida con burlas por algunos miembros de la oposición.
Uno de ellos soltó con ironía que la política pública había cambiado de lenguaje, pasando del “karamanés” al “quirocianismo”. Más allá del relato anecdótico, lo ocurrido no responde a un nuevo error comunicacional, como ha intentado instalar el Ejecutivo. A juicio de observadores y analistas, se trataría, lisa y llanamente, de un grave error político que dejó en evidencia que los temores frente a la promesa del entonces candidato Kast, de reducir el gasto fiscal sin afectar beneficios sociales, sí tenían fundamento.
El presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, criticó que el titular de Hacienda no haya “prevenido a cada uno de los ministerios” sobre el contenido de las evaluaciones antes de que se emitieran, considerando que las reparticiones podían entender las medidas como “instrucción” destinada a terminar con beneficios sociales, recortes o términos de programas. En resumen, un “fail” que generó un efecto político negativo. Lo anterior se suma al impacto del decreto de reducción presupuestaria de $32.
721 millones para el Ministerio de Desarrollo Social, que erosiona la legitimidad del Ejecutivo en áreas de sensibilidad social, como infancia, vejez y discapacidad. La decisión confirmó el diagnóstico de sectores oficialistas sobre la “técnica fría”del ministro Quiroz, que opera sin contrapeso político que pondere el costo social de los ajustes. Según el decreto, el Servicio de Protección a la Niñez pierde $12.
748 millones y la Conadi otros $7. 634 millones. “Es un suicidio comunicacional”, plantean algunos personeros políticos.
Mientras el Ejecutivo insiste en que no se eliminarán beneficios esenciales, la ANEF califica el movimiento como un “ataque frontal” a la infancia, la discapacidad y los pueblos originarios. Para el oficialismo de mayor experiencia –la vieja guardia–, los responsables de ambos errores están en el equipo a cargo de la conducción política del Gobierno, que ha sido incapaz de contener la “receta económica de Quiroz”con una mirada política. Desde Palacio afirman que el rol del Segundo Piso era alertar sobre medidas técnicas que pudieran desatar una crisis política, pero que nada de eso sucedió.
A partir de ahora, la contraparte política de todos los técnicos será el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien supervisará cada medida antes de su entrega pública. La idea es equilibrar técnica y política, buscando evitar cualquier atisbo de indignación ciudadana. Controversias: el patrón político que cultiva Poduje Iván Poduje ha convertido cada aparición pública en un campo minado político, donde la controversia ya no parece un accidente, sino una constante.
Un patrón. Lejos de tratarse de episodios aislados, sus salidas de libreto, declaraciones destempladas y conflictos recurrentes comienzan a configurar un patrón reconocible: visita terreno, instala tensión, escala el conflicto y monopoliza titulares. En La Moneda observan el riesgo como un fenómeno rentable.
Poduje se ha consolidado como una máquina de exposición mediática, muchas veces bordeando –o cruzando– la polémica, pero manteniendo altos niveles de conocimiento y aprobación. Sin embargo, esa visibilidad creciente parece sostenerse menos en la gestión que en una estrategia de confrontación permanente. Mientras la vocera Mara Sedini acumula errores, cuestionamientos y se hunde en las evaluaciones, y el diseño comunicacional impulsado por Cristián Valenzuela desde el Segundo Piso tropieza una y otra vez, Poduje juega bajo reglas propias.
No sigue libreto, no modera tono y no parece dispuesto a subordinarse a una estrategia colectiva. El ministro de Vivienda se posiciona cada vez más como un actor autónomo, incluso a costa de tensionar públicamente a sus propios compañeros de gabinete. Su desdén hacia Hacienda, al reducir a Jorge Quiroz a ser “un ministro más”, reflejó una construcción personalista de poder dentro del Ejecutivo: “Tengo un solo jefe, el Presidente”.
Los episodios se acumulan. En Valdivia, abrió un conflicto mayor al embestir contra la Ley de Humedalesy atacar al senador Alfonso de Urresti, generando una crisis política que obligó a posteriores disculpas. Pero incluso esas rectificaciones quedaron rápidamente eclipsadas por nuevas decisiones polémicas, como la salida de funcionarios vinculados a la senadora Paulina Núñez tras el impasse.
A esto se suma su ofensiva para que las Fuerzas Armadascedan terrenos para vivienda, ampliando innecesariamente frentes institucionales y elevando el tono confrontacional. Lo que comienza a quedar en evidencia es que, en Poduje, la polémica no es una externalidad: es la estrategia. Cada intervención parece diseñada –o al menos asumida– bajo la lógica de que el costo político del escándalo es menor que el beneficio del protagonismo.
En un Gobierno que exhibe desgaste comunicacional prematuro, Poduje representa una paradoja: un ministro cuya sobreexposición polémica lo fortalece individualmente, aunque erosione la pretendida cohesión el gabinete. Por ahora, en Palacio lo respaldan. El Presidente ha optado por validar sus intervenciones bajo la premisa de que instala debates relevantes.
Analistas políticos advierten a +Política que esa apuesta también conlleva riesgos: “Cuando la controversia deja de ser excepción y se convierte en método, el problema ya no es comunicacional, sino político”. La señal que proyecta el Ejecutivo es delicada: mientras el ministro siga marcando agenda, incluso a través del conflicto, sus excesos serán tolerados. Pero gobernar desde la polémica permanente puede terminar pasando la cuenta.
El todo o nada del informe sobre inconstitucionalidad Un informe jurídico reservado tiene en suspenso la tramitación de uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno de José Antonio Kast. La Secretaría General de la Cámara de Diputadas y Diputados deberá pronunciarse el próximo 4 de mayo sobre una pregunta que incomoda al oficialismo: ¿puede una ley común comprometer la política tributaria del país por veinticinco años sin tocar la Constitución? La interrogante la instaló el diputado Jaime Mulet (FRVS), presidente de la Comisión de Constitución, quien encendió las alarmas apenas el megaproyecto fue presentado en la Sala, el 22 de abril.
Su blanco: el artículo 33°, que establece un mecanismo de invariabilidad tributaria para nuevos inversores nacionales y extranjeros. Para Mulet, esa norma no cabe en una ley ordinaria. “No se puede cercenar la facultad de los próximos presidentes ni impedir que el próximo Congreso legisle en materia tributaria.
Si un soberano que gobierna cuatro años amarra veinticinco años más, eso no se puede hacer con una simple ley”, subrayó el parlamentario, quien fue tajante: “Esto se va a caer en el Tribunal Constitucional”, dijo. “¿Se puede hacer? Sí, pero con reforma constitucional.
Lo demás es ilegal”, sostuvo Mulet hace pocos días, anticipándose al crucial informe que podría echar por tierra las aspiraciones del Ejecutivo. Hemos llegado al final de +Política. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirnos a maspolitica@elmostrador.
cl.