Con ese objetivo, estamos trabajando en una batería de medidas concretas para corregir este problema, tanto en el sector privado como en el público. En el ámbito privado, estamos diseñando mecanismos que incorporen incentivos y desincentivos regulatorios para corregir conductas. La dirección es clara: castigar a los malos pagadores y, al mismo tiempo, aliviar la carga financiera que hoy enfrentan las PYME.
En particular, estamos estudiando fórmulas que beneficien su liquidez en el entero y el pago del IVA. Junto con ello, estamos impulsando la creación de un registro que permita dar seguimiento y otorgar trazabilidad real a los pagos, aumentando la transparencia. En el sector público, el desafío es igualmente urgente.
Queremos utilizar las herramientas que ofrece la Ley de Compras Públicas para avanzar hacia un sistema de registro que permita a las PYME que contratan con el Estado visualizar, con claridad y en tiempo real, la situación de sus contratos. También vamos a trabajar con cada uno de los órganos de la Administración del Estado para que sus pagos se verifiquen dentro de los plazos acordados. El Estado no puede limitarse a exigir cumplimiento; debe dar el ejemplo.
Esta es una misión concreta y urgente: construir en Chile una verdadera cultura de pago oportuno. Una cultura en la que la palabra empeñada se cumpla, en la que los contratos se respeten y en la que el tamaño de una empresa no determine su grado de vulnerabilidad frente al incumplimiento.