El escenario en que se desarrolla este tipo de criminalidad se ha visto transformado con los avances de la tecnología. Hoy la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no requiere necesariamente de contacto físico entre víctima y agresor, ya que las redes sociales y plataformas digitales permiten procesos de captación y manipulación que operan con mecanismos de difícil abordaje para los persecutores, quienes a su vez se han visto saturados por la sobrecarga en el número de causas. En Chile persisten importantes debilidades institucionales para una respuesta integral ante esta problemática, que al día de hoy reacciona de manera fragmentada.
Muchas víctimas enfrentan largos tiempos de espera para atención especializada, procesos de revictimización y ausencia de apoyo oportuno en temas de salud mental, frente a lo cual no bastan las respuestas simbólicas. En efecto, endurecer penas puede satisfacer una necesidad retribucionista en el plano social, pero no resuelve por sí solo las condiciones que permiten la comisión de estos hechos, pues la prevención exige fortalecer redes de detección temprana y mejorar la coordinación interinstitucional. La violencia sexual cometida contra menores de edad no prospera únicamente por el actuar de los agresores, sino que también por la existencia de infancias abandonadas, deficiencias institucionales y comunidades incapaces de advertir señales de peligro.
Una sociedad se define, en buena medida, por la forma en que protege a las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, y hoy, pese a avances relevantes, el Estado llega demasiado tarde para muchos niños, niñas y adolescentes. Ese es el verdadero fracaso que esta conmemoración debiera obligarnos a enfrentar.