Señor Director: La detención de tres estudiantes universitarios por la agresión a la ministra Ximena Lincolao no solo confirma que la violencia ocurrió con responsables identificables, sino que también deja en evidencia algo igualmente inquietante: la rapidez con que, en ciertos episodios, se instala una versión tranquilizadora antes de que los hechos estén realmente esclarecidos. Durante días se sostuvo que los involucrados no pertenecían a la universidad, como si esa posibilidad resultara más soportable institucionalmente que admitir que dentro del propio espacio universitario también puede incubarse una forma preocupante de intolerancia. Había allí una conclusión prematura: primero se necesitó negar el vínculo para proteger el relato.
Hoy sabemos que los detenidos son alumnos universitarios y que la investigación avanzó precisamente gracias a evidencia objetiva. Una universidad existe para discutir, disentir, argumentar y confrontar ideas. Cuando ese espacio se reemplaza por empujones, insultos y agresión física, no solo se vulnera a una autoridad pública: se deteriora también el lenguaje mismo de la vida universitaria, porque donde desaparece el argumento suele aparecer la falacia más primitiva: creer que la fuerza puede ocupar el lugar de la razón.
Conviene recordarlo: una protesta deja de ser expresión democrática cuando el significado de disentir se deforma hasta confundirse con agredir. A veces, de hecho, el problema no comienza con el golpe, sino antes, cuando se atribuye al volumen de una consigna el peso argumentativo de una verdad.