Pero todo esto pasa a ser un ejemplo de un problema mayor. No es la primera vez, ni menos la más reciente, que empresas que se adjudican recursos públicos abandonan los proyectos, en su mayoría por quiebra. De ahí interrogantes como qué más puede hacer el Estado para evitar esto.
O ver qué consecuencias severas pueden caer sobre las firmas al no cumplir con lo encomendado. El caso Tapusa es solo una muestra de un fenómeno recurrente y que se debería comenzar a evitar.