Las demandas judiciales contra el Estado y los organismos representados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) han mostrado un alza sostenida en la última década. Según información solicitada por Emol vía Ley de Transparencia al Consejo de Defensa del Estado (CDE), entre marzo de 2014 y febrero de 2026 ingresaron en total 57. 110 causas, y los desembolsos por sentencias firmes y acuerdos transaccionales sumaron $833.

560 millones, equivalentes a más de US$931 millones. Al hacer el análisis de los datos por períodos presidenciales —considerando años calendario completos—, el incremento es marcado. Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2017) ingresaron 11.

040 demandas. En el segundo mandato de Sebastián Piñera (2018-2021), la cifra subió a 18. 730, un alza de 69,7%, mientras que en el gobierno de Gabriel Boric (2022-2025) los demandas llegaron a 26.

343, un 40,6% más que en el período anterior y un 138,6% por sobre Bachelet II. El año 2025 marcó el récord histórico, con 7. 108 ingresos.

El comportamiento del gasto fiscal por condenas y acuerdos sigue una pauta similar, pero más pronunciada. En concreto, durante Bachelet II los pagos sumaron $82. 660 millones (US$92,4 millones); en Piñera II ascendieron a $276.

689 millones (US$309,1 millones); y durante el gobierno de Boric alcanzaron $457. 268 millones (US$510,9 millones), cifra que no solo equivale a más de cinco veces lo desembolsado en Bachelet II, sino que supera ampliamente lo pagado en los dos períodos anteriores sumados. (Ver tabla 2 abajo).

Estado de las causas y organismos más demandados Del total de 57. 110 causas, 19. 408 continúan en tramitación, mientras que 13.

477 finalizaron con sentencia favorable al Estado y 8. 053 con sentencia desfavorable. Otras 3.

351 terminaron por transacción, 1. 798 por abandono del procedimiento y 563 por avenimiento. El desglose por tipo de acción muestra que las causas ante tribunales civiles concentran la mayor proporción de ingresos, con 22.

592 demandas (39,6%), seguidas por las acciones laborales (16. 046, 28,1%) y los recursos ante tribunales superiores de justicia (13. 090, 22,9%).

Las acciones ante el Tribunal Constitucional totalizaron 999 (1,7%) y las expropiaciones contenciosas, 2. 485 (4,4%). En cuanto a los organismos más demandados (ver tabla 1 abajo), el "Estado de Chile", como entidad genérica, encabezó el listado con 11.

804 causas, mayoritariamente por indemnización de perjuicios vinculadas a violaciones a los derechos humanos, según precisó el propio CDE. Le siguieron el Ministerio de Obras Públicas (8. 829, principalmente acciones laborales), el Ministerio de Salud (5.

830, recursos de protección y reclamaciones de multas) y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (4. 613, mayoritariamente indemnizaciones extracontractuales). El factor DD.

HH. y la imprescriptibilidad Consultado por Emol sobre los motivos del alza, el propio CDE señaló que "el número de demandas ingresadas en contra del Estado ha aumentado en los últimos años", destacando que, entre los factores que explican el incremento, está "la duración de los procesos judiciales". El organismo advirtió que los procesos judiciales contra el Estado tardan, en promedio, "entre 3 y 5 años en concluir", por lo que parte del aumento en los pagos de los últimos años corresponde a demandas ingresadas en períodos anteriores.

A modo de ejemplo, señaló que, de las 5. 404 demandas ingresadas en 2022, "no todas se encuentran aún ejecutoriadas: muchas han terminado en años posteriores mediante sentencia o transacción, y otras continúan actualmente en tramitación". En esa línea, precisó que las cifras entregadas vía Transparencia no coinciden con las que informa cada año en sus cuentas públicas, porque miden cosas distintas.

Las primeras consideran solo los pagos asociados a causas ingresadas entre 2014 y 2026. Las segundas, en cambio, suman todos los juicios que terminaron en un año determinado, sin importar cuándo se iniciaron, por lo que son más altas. La cifra de 2025, ejemplificó el organismo, "incluye juicios que ingresaron incluso en 2012 y que, tras pasar por todas las instancias judiciales, concluyeron en 2025".

Asimismo, el CDE atribuyó parte relevante del alza al incremento de demandas por indemnizaciones vinculadas a violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990, fenómeno que —según precisó— se observa "de manera sostenida" desde 2019. El organismo explicó que ha sido determinante la jurisprudencia "ya asentada" de la Corte Suprema sobre la imprescriptibilidad de las acciones civiles en estos casos. Análisis multifactorial Carlos Pizarro, profesor de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales y profesor asociado de Derecho Civil de la Universidad de Chile, señaló a Emol que el fenómeno admite múltiples lecturas.

"No es una respuesta fácil", afirmó el académico, quien señaló que el alza responde a un fenómeno "multifactorial". A su juicio, uno de los focos más relevantes está en las demandas por violaciones a los derechos humanos, que actualmente se concentran en quienes reclaman indemnizaciones por torturas durante la dictadura, desplazando el énfasis que antes estaba puesto en detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Explicó que, en estos casos, la determinación del monto es "mecánica", pues la información oficial está disponible y se trata de establecer el monto correspondiente.

Un segundo foco, dijo, está en las demandas por negligencias médicas contra servicios de salud y hospitales, incluidos los dependientes de las Fuerzas Armadas. Pizarro lo vinculó a un cambio cultural: "La sociedad se vuelve más compleja y tolera menos la fatalidad", lo que llevaría a las víctimas a "buscar un responsable" y a demandar al Estado cuando la negligencia ocurre en ámbitos administrados por este. En el caso del MOP, el académico apuntó a contratos público-privados que se vieron afectados durante la pandemia por la falta de personal y el alza en los precios de los materiales.

La jurisprudencia que estableció el deber de equilibrar esos contratos, sostuvo, derivó en que el Estado tuviera que asumir indemnizaciones adicionales. A ello se suman, según Pizarro, los litigios por expropiaciones —donde el Estado "va a la baja en la valorización del terreno" y los expropiados impugnan para obtener mejores precios por metro cuadrado— y las faltas del propio Fisco en la ejecución de obras, como la no entrega oportuna del terreno al contratista o las discusiones por obras extraordinarias. Servicios públicos más demandados Organismo N° Estado de Chile11.

804 Ministerio de Obras Públicas8. 829 Ministerio de Salud5. 830 Ministerio del Interior y Seguridad Pública4.

613 Desembolsos del estado por sentencias firmes y acuerdos transaccionales Gobierno Cifra en pesos Cifra en dólares Bachelet II$82. 660 millonesUS$92,4 millones Piñera II$276. 689 millonesUS$309,1 millones Boric$457.