Se ha instalado la idea de que a la derecha chilena no le interesan los derechos humanos. Es una afirmación reduccionista, pero que encuentra asidero cuando decisiones recientes tensionan estándares que el país ha construido por décadas. Las primeras semanas del gobierno de Kast han reactivado ese debate.
La discusión sobre eventuales indultos a uniformados condenados por delitos en el contexto de las protestas de 2019 abre dudas sobre el compromiso con el combate a la impunidad. A ello se suman restricciones presupuestarias que afectan políticas sociales, impactando la garantía de derechos económicos y sociales. En paralelo, la revisión de decretos de protección ambiental y ciertos giros en política exterior —que tensionan compromisos internacionales— refuerzan la percepción de repliegue.
Especialmente simbólica ha sido la decisión de revocar el decreto que buscaba expropiar el sitio de la ex Colonia Dignidad para convertirlo en espacio de memoria, afectando el derecho a la verdad y la reparación. Sin embargo, sería un error reducir este debate a una oposición entre derecha e izquierda. La experiencia muestra que la defensa de los derechos humanos no pertenece a un sector.
La decisión del presidente Piñera de cerrar el penal Cordillera, su referencia a los “cómplices pasivos” o el impulso al matrimonio igualitario, así como la postura de Jaime Bellolio —quien ha sostenido que los condenados por crímenes de lesa humanidad deben cumplir sus penas— dan cuenta de ello. Lo que hoy está en cuestión no es una etiqueta ideológica, sino el avance de posiciones extremas que relativizan principios básicos y erosionan consensos. La defensa de los derechos humanos se opone a esos extremos.
Y lo que revelan estas decisiones es precisamente eso: el extremismo es el que termina dañando su vigencia y, con ello, la cohesión social.