La moto se detuvo frente a una casa de Villa Todos Los Santos, en Los Ángeles, poco antes del mediodía. Era el 12 de diciembre de 2022. El conductor, con chaqueta de reparto y casco puesto, bajó con un bolso en la mano, tocó la puerta y esperó.

Desde dentro, un hombre salió a recibir el encargo. No hubo preguntas, sólo un intercambio breve, como cualquier entrega de delivery de aplicación. Pero lo que había dentro de ese bolso no era comida, sino armas.

Las pistolas, cargadores, municiones habían sido enviados por encargo de un imputado que estaba en prisión. Se trataba de Moisés Bastardo Bastardo, sicario de origen venezolano quien cumple cadena perpetua por tráfico de drogas e infracciones a la Ley de Armas en medio de un caso de crimen organizado que azotó esa zona de la Región del Ñuble. La coordinación de la entrega de armamentos tenía su origen en la cárcel.

La Fiscalía logró establecer que todo era parte de un urdido plan. Ese envío es hoy un elemento de la indagatoria liderada por la fiscal regional Nayalet Mansilla y que, según fuentes del Ministerio Público, responde a la primera indagatoria en que se vincula directamente a una jueza con organizaciones de criminalidad organizada. El 19 de marzo pasado, la Corte de Chillán confirmó la prisión preventiva de las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, tras ser formalizadas como autoras de delitos de soborno y tráfico de armas.

En la causa también se indaga al exdefensor penal público de Los Ángeles Patricio Gutiérrez, quien es esposo de Cortés, además del funcionario del juzgado de esa ciudad, Nelson Sáez. Tal y como sostuvo la Fiscalía, entre los años 2017 y 2025, los imputados atentaron contra “el orden social de administración de justicia” al cooptar al encargado de actas del tribunal para que acomodara audiencias con la magistrada Cherie Palomera, quien luego fallaba a favor de los intereses de las abogadas, quienes, a su vez, eran el contacto fuera de la cárcel de Bastardo. Es así que lo que comenzó en Ñuble como una indagatoria por narcotráfico, terminó abriendo una caja de Pandora en la que la Fiscalía presentará una querella de capítulos para llevar ante la justicia a la jueza Palomera.

Y es que lo que se indaga es una red de corrupción que operó durante varios años en las entrañas del Juzgado de Garantía de Los Ángeles. En medio de las pesquisas por esta indagatoria, la historia de Moisés Bastardo Bastardo es clave. Integrante de la banda liderada por Luis Corvalán -dedicada al tráfico de drogas en la zona sur-, fue detenido en medio de un operativo en el que se incautaron sustancias ilícitas, dinero en efectivo y armamento.

Pero lo que vino después es lo que hoy sostiene la tesis del Ministerio Público. Desde la cárcel, Bastardo mantuvo contacto permanente con sus abogadas. Les enviaba mensajes de WhatsApp, audios, fotografías y videos.

Con ese método logró coordinar acciones, proponer estrategias y -en definitiva- mantener su “empresa delictual” usando como nexos a sus defensoras. Estas, a su vez, aprovechando su cercanía con Palomera, lograron conseguir pequeños triunfos judiciales para su representado. En uno de esos audios, que se ocupó como prueba para la detención de las imputadas, Bastardo les entregó órdenes a sus patrocinantes: “Pelee por mí ese tema, mi lice (licenciada), usted sabe cómo hace las cosas pues…”.

La frase, más que una petición, es -según expusieron los fiscales- una demostración de cómo las mujeres operaban afuera de la cárcel para que su representado siguiera con el negocio de tráfico de armas. Otro de los sospechosos del caso es el exfiscal Rodrigo Durán, quien es esposo de Romero y quien habría proveído de información reservada a las abogadas. Contra él, el Ministerio Público también prepara una querella de capítulos con la que alistan la formalización tanto de la magistrada Palomera como del exinvestigador.

Entre las líneas investigativas de la Fiscalía está el rol del fiscal Durán, del defensor Gutiérrez y de la magistrada Palomera. Todos titulares del sistema penal en Los Ángeles. En la formalización, la Fiscalía determinó lo siguiente en un caso de corrupción que, aseguran, no tiene precedentes.

“Ambos imputados les proveían a las abogadas de los medios para revisar y acceder a antecedentes reservados de la defensoría pública y Fiscalía de Chile, así tomaron parte de manera inmediata y directa en actividades de tráfico de drogas y de armas de sus clientes, entre los que se encuentra Bastardo, prestándoles cobertura, informándoles de otras investigaciones penales donde otros imputados se referían o delataban a Corvalán y su banda, instruyéndoles para favorecer su impunidad y asegurar la actividad de tráfico”, se lee en una de las órdenes de detención. A tal punto llegó este modo de operar de actores del sistema penal de esa ciudad, que las defensoras, al tener información privilegiada de causas de drogas, formulaban ante el Ministerio Público solicitudes para que se llevaran a cabo allanamientos, maquillando así una supuesta “colaboración eficaz” de sus clientes y así lograr beneficios judiciales. Lo que, a la luz de los hechos, no era más que un plan urdido por todos los imputados, “a sabiendas de que estas armas pertenecían al propio beneficiario de la ventaja procesal, tomando conocimiento de la inversión que pretendía hacer Corvalán con las ganancias obtenidas del tráfico de drogas, excediendo la vinculación abogado-imputado, configurándose delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas y obstrucción a la investigación respecto de ambas abogadas”.

El día de la detención de las abogadas Cortés y Romero hubo una gran ausente. Para el Ministerio Público un elemento clave de esta asociación vinculada a imputados de crimen organizado que operaron en Los Ángeles es -justamente- la magistrada Cherie Palomera Astroza, quien -a diferencia de sus colegas-, goza de fuero. La magistrada ocupa ese cargo al interior del Poder Judicial desde el 11 de septiembre de 1996.

Fue en 2005 cuando arribó al Juzgado de Garantía de Los Ángeles, con un sueldo de más de $ 6 millones mensuales. En la querella de capítulo que ingresará la fiscal Mansilla se apunta a que Palomera, entre los años 2017 y marzo de 2025, “debiendo inhabilitarse, por la relación de amistad que tenía con las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, falló en múltiples ocasiones causas penales donde se discutía la libertad de un imputado representado por las abogadas o dictando sentencias definitivas o interlocutorias en casos patrocinados por las abogadas”. De hecho, las imputadas siempre lograron que Palomera viera sus causas, ya que el funcionario Nelson Sáez Reyes, con infracción a deberes de su cargo, “alteraba las reglas de distribución de audiencias en sala a cambio de beneficios económicos”.

Uno de los episodios que se relatan, de hecho, tiene que ver con que en una oportunidad la magistrada sobreseyó a Cortés en esta misma causa, cuando se le atribuían a la defensora contactos con sus representados en la cárcel para avisarles de investigaciones por tráfico en su contra. Esa vez, según los fiscales, la jueza hizo propias las alegaciones de la defensa de su abogada y amiga. La Fiscalía expondrá ante el tribunal que esa situación les llamó la atención: “En ese sentido, se quiso determinar si existía o no un vínculo entre las imputadas de la causa Andrea Romero y Susana Cortés con la jueza Palomera y se les instruyó a los funcionarios investigadores efectuar análisis de celulares y correos electrónicos de las imputadas, en orden a establecer o descartar el vínculo de amistad que se manifestare por actos de estrecha familiaridad que ambas puedan tener con la magistrada y otros funcionarios y jueces del mismo tribunal, y que hubiere incidido en la decisión adoptada”.

Es así como la Brigada Investigadora de delitos Económicos de Chillán encontró mensajes en los celulares de las indagadas en que se da cuenta de que ellas se juntaban fuera del tribunal a compartir en ambientes sociales con Palomera. Incluso, ellas junto al exdefensor, asistieron el 8 de enero de 2018 al cumpleaños de la jueza que se hizo en un restaurante peruano de Los Ángeles. “De la mensajería se puede observar que las imputadas recurren a la opinión jurídica de la jueza Palomera en causas seguidas en el mismo tribunal.

Así, el día 19 de junio de 2017, Susana Cortés le recuerda a Andrea Romero que si ve a Cherie en un café, le pregunte si en una causa por giro doloso de cheques se debe incluir el acta de protesto como medio de prueba. Luego de ello, Andrea Romero le confirma que lo habló con la jueza y que esta habría respondido que es discutible, pero que es válido plantearlo”, se lee en el informe. En el caso del delivery, fue Bastardo -según los persecutores- quien coordinó el envío de armas a un tercero.

Las mismas que terminarían siendo incautadas en un procedimiento policial días después. La idea era que esa información -la ubicación de las armas- fuera presentada como un aporte a la investigación, una señal de colaboración. Pero, según los antecedentes reunidos, las abogadas sabían que esas armas provenían del propio imputado.

“Tenían pleno conocimiento de las acciones que estaba llevando a cabo Moisés Bastardo con respecto al envío de armas” y que la intención era “beneficiar a imputados…, información que, en todo caso, era falsa”, según ha señalado la Fiscalía. Ese episodio -la moto, el bolso, las armas- se transformó en un punto de inflexión. Porque permitió a los investigadores observar algo más que conductas individuales.

Permitió ver un patrón. Según la indagatoria, el estudio jurídico al que pertenecían las abogadas operaba con acceso privilegiado a información reservada. Ese acceso no era casual, ya que se obtenía a través de vínculos con funcionarios del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública, quienes habrían facilitado claves, antecedentes y acceso a sistemas internos.

Con esa información, las abogadas podían anticipar diligencias, conocer interceptaciones, acceder a declaraciones y, en definitiva, jugar con ventaja. La orden de detención resume el caso así: “Se organizaron para atentar contra el orden social, principalmente la administración de justicia”. Con todo, ahora el Ministerio Público va por más.

Tendrá que abrir la investigación contra Cherie Palomera ante la justicia y, con ello, destapar algo más grave y profundo: que por primera vez una jueza de garantía quede situada -en una investigación penal- en la órbita de una red vinculada al crimen organizado.