El poner en pausa una reforma que estuvo doce años en discusión y que buscaba corregir trabas estructurales del sistema, requiere una explicación y fundamentos públicos claros. Más todavía cuando puede afectar el derecho de la niñez a crecer en un entorno familiar, desarrollar sentido de pertenencia y acceder a condiciones de cuidado acordes a sus necesidades. La sociedad y sus marcos normativos han cambiado.
Actualmente no hay espacio para procesos que entreguen respuestas genéricas, tardías o guiadas por una idea única de familia. Hablar hoy de adopción exige comprender que la pregunta central no es qué familia se ajusta mejor a determinadas convicciones o creencias particulares, sino qué condiciones favorecen de mejor manera el cuidado y el desarrollo de cada niño, niña o adolescente. En un país que ha acumulado demasiadas deudas con la niñez, cualquier decisión que implique retrasar su bienestar, lo mínimo esperable es que se sostenga dentro de un contexto de discusión pública rigurosa, transparente y, sobre todo, centrada en su urgencia.
Insistir en el derecho a vivir en familia no es un eslogan, sino una obligación ética, política e institucional. Porque toda infancia merece algo más que quedar suspendida en debates que no llegan a tiempo, merece ser protegida, cuidada y vivida sin espera. Macarena Guzmán Hernández Académica de Terapia Ocupacional, U.