El fuerte cruce entre el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y el senador Alfonso De Urresti, durante una reunión en el Serviu de Valdivia, en la región de Los Ríos, donde se abordaba la situación del proyecto habitacional Guacamayo 3 de Valdivia, volvió a poner en la palestra la «Ley de Humedales Urbanos», que rige desde 2020, que contó con el patrocinio del gobierno del expresidente Sebastián Piñera y que fue aprobada de forma transversal en el Congreso. El enfrentamiento político se generó tras la viralización de la reunión en la que participó el secretario de Estado. En dicha cita, mientras se discutía la disponibilidad de suelos para construir, producto de la propia normativa, uno de los presentes recordó al ministro que «Valdivia está considerada como ciudad humedal».

Poduje respondió que «esa ley quedó mal hecha. Es por eso que las vecinas tuvieron que esperar 8 años». “¿Y ocho años le parece algo decente, por esta locura que hizo este senador (De Urresti)?

». Jorge Aranda, experto en derecho ambiental y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, explicó la relevancia de la «Ley de Humedales Urbanos» asegurando que esta normativa «es importante, porque en Chile, los instrumentos de ordenamiento territorial, como planos reguladores comunales, planes interseccionales, o planes metropolitanos, han desatendido estás fuentes y reservas de agua dulce, que tienen beneficios para el ecosistema y para el disfrute de un medio ambiente sano de la población». Ante la consulta sobre si rellenar estos terrenos en Valdivia puede aumentar las inundaciones, el abogado comentó que «cuidar humedales es muy importante para contener crecidas de ríos, y evitar inundaciones».

Aranda planteó que «proteger la flora circundante ofrece un beneficio de la naturaleza a las personas, evaluable en dinero incluso, lo que se denomina «servicios ecosistémicos». En ese sentido, proteger riberas y cauces como humedales urbanos nos puede proteger de eventos climáticos extremos, como crecidas extremas de ríos. Por el contrario secar/dragar humedales y alterar la flora circundante puede traer perjuicios de mediano y largo plazo».

Sobre los dichos del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien responsabilizó a la Ley de Humedales Urbanos por los retrasos en proyectos habitacionales en Valdivia, el experto en derecho ambiental argumentó que «el déficit de vivienda no pasa por destruir humedales y edificar sobre ellos». Añadió que es necesario «tener un ordenamiento territorial que logre identificar suelos en los que sea posible edificar impactando lo menos posible los atributos ambientales que nos pueden proteger en el futuro de sequías, crecidas abruptas de ríos, protegiendo suelo que nos pueda surtir de alimento». Para Aranda, la crisis de vivienda «no tiene explicaciones únicas en la protección de humedales: altas tasas de interés bancarias para créditos hipotecarios, proliferación de inmuebles como inversión especulativa que están destinados sólo arriendo, y abandono estatal de sectores preexistentes que podrían ser atractivos para la vivienda, también colaboran con el problema».

Ante los dichos del ministro de Vivienda, que indicó que existen terrenos fiscales en Valdivia, Osorno y Puerto Montt que no se pueden usar por esa normativa, el experto en derecho ambiental manifestó que, desde el punto de vista legal-ambiental, «esa afirmación es engañosa». Aranda acotó que «lo que viene a hacer la ley de humedales urbanos es que los proyectos inmobiliarios que se ejecuten en éstos, deban ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esto tiene costos, y demora su futura ejecución, pero bajo aspecto alguno los prohíbe».

El académico Usach aseguró que la discusión, en su opinión, «no pasa por desproteger humedales, sino en identificar suelos aptos para vivienda, mejorar barrios preexistentes, y fomentar la construcción y compra de la primera vivienda de familias que aspiran a una casa propia». Por último, indicó que «desregular sin un objetivo en particular, sólo podría agravar la especulación del uso del suelo, aumentar la construcción de inmuebles con fines de inversión, y alejar a familias tanto de la casa propia, como del disfrute de un medio ambiente sano».