Cuando una niña muere, todo se detiene. Y todo se debe detener especialmente si esa niña estaba bajo la protección del Estado. Nada puede seguir siendo lo mismo.

Deben cambiar las condiciones que lo hicieron posible: qué decisiones, qué omisiones, qué prácticas normalizadas o invisibilizadas durante años contribuyeron a que situaciones de ese tipo pudieran ocurrir. La muerte de Lissette Villa, el 11 de abril de 2016, abrió una herida que aún no cierra y se volvió un punto de inflexión. A partir de ese momento, lo que durante años había sido denunciado por organizaciones, funcionarios y organismos internacionales comenzó a adquirir una visibilidad distinta: el sistema de protección de la infancia no solo presentaba falencias, sino que arrastraba problemas estructurales que comprometían seriamente el resguardo de derechos fundamentales.

Reconocer esto no implica desconocer los esfuerzos institucionales que se han realizado en los últimos años, ni los cambios en curso. Pero sí supone asumir que las transformaciones requieren mucho más que reformas administrativas: necesitan una comprensión compartida de lo ocurrido y cambios en los distintos niveles de intervención. En esa línea, el mandato de la Comisión Verdad y Niñez representa un acto de justicia inicial con las personas víctimas y sobrevivientes.

No solo porque busca reunir antecedentes y elaborar un informe final con recomendaciones de reparación y de garantías de no repetición, sino porque instala un proceso sistemático orientado al esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en contextos de custodia estatal y al reconocimiento de las víctimas. Esto implica tomar conciencia de que las violaciones a los derechos humanos en la infancia no pertenecen únicamente al pasado, ni a un período político específico. Persistieron en dictadura, en democracia y sus efectos siguen presentes hoy.

Por lo tanto, lo que está en debate es la capacidad del país de construir un acuerdo básico sobre cómo entiende la protección de la infancia y cuál es el estándar que está dispuesto a exigirles a sus instituciones. En ese sentido, la conmemoración de la muerte de Lissette es una oportunidad para ampliar la conversación: para pasar del caso a la estructura, de la conmoción a la comprensión, y de ahí a las decisiones que permitan que situaciones como esta no vuelvan a repetirse. Hoy 11 de abril debería constituirse en el día nacional de las víctimas del Sename.

Lissette no puede ser solo un recuerdo doloroso. Debe marcar un antes y un después para los niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado.