Una grave denuncia realizó la comunidad mapuche del Lof Temucuicui, acusando que el reciente allanamiento policial realizado el 14/5 en una sala cuna y colegio de su territorio, tuvo como objetivo sembrar evidencias falsas contra ellos y montar un «show mediático» para mostrar «mano dura». A través de una declaración pública, las y los comuneros denunciaron «de forma urgente que las últimas agresiones perpetradas por el aparato militar estatal no constituyen únicamente un ensañamiento contra los niños, lactantes y bebés en gestación de nuestro territorio; este es un ataque generalizado, planificado y violento contra la totalidad del Lof Temucuicui». En primer término, explicaron que el 6 de mayo (2026), «las fuerzas estatales violentaron e incomunicaron a un bebé en gestación y a su madre, deteniendo a una lagmien embarazada en medio de ráfagas de fusiles y gases dentro del Lof Temucuicui.

En este mismo procedimiento sanguinario, el Estado detuvo de forma criminal a un niño de tan solo 4 años junto a su madre, sometiendo a la infancia a la brutalidad de un despliegue militar desmedido». Luego, señalaron que «apenas ocho días después, la maquinaria bélica regresó con el mismo foco de saña» al Lof, allanando «de forma criminal una sala cuna y un colegio dentro del territorio, transformando espacios de cuidado de la primera infancia en zonas de guerra». Además, indicaron que «no bastando con el trauma provocado a los niños en las aulas, las fuerzas represivas del Estado procedieron al secuestro directo de dos buses escolares, reteniendo ilegalmente el transporte exclusivo de los estudiantes comunitarios en un acto de amedrentamiento militar y piratería estatal sin precedentes en el Lof Temucuicui».

La comunidad detalló que ambos operativos contaron con altísimos contingentes policiales y el apoyo directo de militares, «portando drones y maquinaria bélica de alta sofisticación técnica», acusando «con total indignación que en cada una de estas jornadas contra el Lof Temucuicui se percutieron más de 400 disparos». «La pregunta que nos hacemos ante el mundo es evidente: ¿Cómo es posible que se allane un territorio de esta manera brutal, que el foco explícito de la violencia sea golpear a todo el Lof Temucuicui atacando salas cuna y colegios, y que luego salgan públicamente a declarar que incautaron ‘armamento de alto calibre’ pero no presenten un solo detenido en el lugar? », preguntaron las y los comuneros mapuche.

En este punto, fueron categóricos afirmando que se trata de una farsa que «cae por su propio peso». «Explicamos con total claridad la burda estrategia de la Fiscalía y Carabineros en esta segunda incursión: en el operativo del pasado 6 de mayo, el tribunal desestimó completamente las supuestas ‘pruebas’ presentadas por el Ministerio Público, negando las prisiones preventivas masivas y dejando a casi todos los comuneros bajo medidas cautelares menores debido a la falta de solidez técnica». Así, continúa la declaración, «sabiendo que judicialmente volvían a fracasar, en el allanamiento del 14 de mayo optaron conscientemente por una estrategia política distinta: no detener a nadie y limitarse a sembrar evidencias falsas en el territorio del Lof Temucuicui».

«Emplazamos a la lógica básica de la opinión pública: ¿Qué organización criminal o supuesto grupo terrorista dejaría botada una subametralladora UZI en un predio descampado para que la policía la encuentre convenientemente ante las cámaras? Esta manipulación de armas y supuestos arsenales no es nueva; es el mismo proceder criminal que ya quedó de manifiesto y al descubierto en el histórico montaje de la Operación Huracán», enfatizaron desde el Lof. Para la comunidad, claramente, esa evidencia exhibida «perfectamente pudo ser puesta por los propios agentes estatales para sostener mediáticamente un operativo vacío de legalidad contra el Lof Temucuicui».

Inacción de la Defensoría de la Niñez Ante esta situación, la comunidad mapuche de Temucuicui cuestionó «el silencio absoluto y la inacción de la Defensoría de la Niñez de Chile ante el terror sistemático impuesto en nuestro territorio». «Emplazamos públicamente a este organismo institucional: ¿Acaso los niños y lactantes del Lof Temucuicui no tienen los mismos derechos constitucionales e internacionales que los niños chilenos? ¿O es que para el racismo de Estado nuestros pichikeche son considerados ‘infancia de segunda categoría’?

», manifestaron en su declaración. En esa línea, resaltaron que «la falta de una defensa férrea, inmediata y de terreno frente a salas cuna gaseadas, furgones escolares secuestrados y fusiles apuntando a menores de 4 años en el Lof Temucuicui demuestra que la institucionalidad protectora discrimina por origen étnico, operando de manera servil a las políticas de seguridad que despojan a nuestro pueblo». Además, recordaron que «el asalto con armas de guerra contra lactantes, mujeres embarazadas, el secuestro de sus buses de transporte y el ataque a recintos educativos rurales en el Lof Temucuicui desmiente por completo el compromiso democrático del Estado chileno», violando de manera explícita varios tratados y normativas de protección vigentes en el país.

«A nivel internacional, se pisotea la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, la cual prohíbe taxativamente someter a los menores a tratos crueles, degradantes o entornos de terror bélico. Asimismo, se quiebra el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que mandatan al Estado a respetar la integridad familiar, comunitaria y cultural, prohibiendo expresamente la militarización de sus territorios tradicionales y el uso de la fuerza contra los miembros vulnerables del Lof Temucuicui». «A nivel nacional, se vulneran de manera directa la Ley N° 21.

430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que obliga a todas las instituciones del Estado a poner el Interés Superior del Niño como prioridad absoluta en cualquier procedimiento», puntualizaron. En ese sentido, reiteraron que «al disparar ráfagas de fogueo o munición real cerca de salas cuna, cercar furgones escolares y detener a niños de 4 años, los agentes policiales incurrieron en una ilegalidad abierta frente a los marcos constitucionales de protección a la infancia». Responsables con nombre y apellido Finalmente, la comunidad mapuche de Temucuicui aseguró en su declaración que hacen «responsables directos de la integridad física, el trauma sicológico de nuestros niños y cualquier tragedia irreparable en el Lof a las autoridades ejecutoras de esta violencia selectiva».

«Denunciamos con nombre y apellido al Fiscal de Alta Complejidad, Carlos Bustos, y al General Cristián Mansilla Varas, Jefe de Zona de Carabineros de La Araucanía, como los autores materiales de esta persecución sanguinaria. Son ellos quienes firman los documentos, ordenan en el terreno las ráfagas de más de 400 disparos en zonas habitadas, validan el asalto a recintos educacionales infantiles y ejecutan el secuestro de los buses escolares que prestan servicio al Lof Temucuicui», afirmaron las y los comuneros. Asimismo, subrayaron «de forma tajante que los autores intelectuales de esta violencia son el Estado chileno y toda su maquinaria institucional, la cual incluye a sus poderes políticos, judiciales y a su aparato de prensa oficialista que actúa como brazo propagandístico para justificar la represión.

Sus nombres y estructuras quedan registrados ante la historia y los tribunales internacionales de derechos humanos por sus crímenes contra el Lof Temucuicui». Además, dijeron que resulta «paradójico, cómplice y macabro ver cómo la prensa oficialista y los grandes canales de televisión se encontraban instalados en la zona desde tempranas horas de la mañana. Esto demuestra una coordinación previa y un diseño político claro: el objetivo jamás fue una investigación criminal seria, sino montar nuevamente un show televisivo de ‘mano dura’, utilizando el trauma de nuestra infancia y el asalto al Lof Temucuicui como mercancía publicitaria para el consumo nacional».

Sin embargo, advirtieron que «la gravedad de este ensañamiento contra la infancia y el territorio ha traspasado las barreras del cerco mediático». «Confirmamos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ya ha sostenido conversaciones directas al más alto nivel político con el Lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, el peñi Víctor Queipul Huaiquil», informaron. «Esta interlocución urgente responde a la alarma extrema y la profunda preocupación que genera en el organismo que, ininterrumpidamente, el foco explícito de los operativos militarizados en el Lof Temucuicui sean los menores de edad, un niño de 4 años, lactantes, bebés en gestación, espacios educativos y el secuestro del transporte escolar de la comunidad.

Ninguna estrategia de seguridad puede sostenerse sobre el trauma infligido a la niñez», recalcaron las y los comuneros. Al cierre de su declaración, el Lof Temucuicui volvió «a repetir y aclarar de manera tajante a la comunidad nacional e internacional que nuestra digna lucha no es delincuencial, no es terrorista, ni está sujeta a los cálculos electorales de la administración de turno. Nuestra causa no se limita a un color político particular; enfrentamos la violencia estructural y los abusos permanentes del Estado chileno contra el Lof Temucuicui».

«La política de opresión, despojo y asalto militarizado al Wallmapu ha sido una constante transversal mantenida de forma idéntica por todos y cada uno de los mandatarios desde el retorno a la democracia: Patricio Aylwin Azócar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar, Michelle Bachelet Jeria, Sebastián Piñera Echenique y Gabriel Boric Font, sirviendo además a los discursos populistas y racistas de sectores ultraderechistas liderados por figuras como José Antonio Kast, quienes exigen y celebran estos operativos como trofeos políticos obtenidos por sus sicarios materiales», recordaron. Así, manifestaron que «frente a esta opresión sistémica que trasciende gobiernos y coaliciones, nuestra causa en el Lof Temucuicui es enteramente política e histórica: el Estado de Chile debe asumir su responsabilidad histórica y restituir el territorio ancestral mapuche legítimo que nos fue usurpado a sangre y fuego para favorecer los intereses forestales y latifundistas». Por último, cuestionaron la política de seguridad del Estado de Chile en su territorio ancestral, calificándola como «sanguinaria».

«Condenamos la hipocresía de un aparato público que en el extranjero suscribe tratados de protección a los derechos del niño, mientras que en las tierras del Lof Temucuicui apunta con fusiles de guerra a bebés en gestación, detiene a niños de 4 años, persigue y secuestra furgones escolares y gasea salas cuna. Exigimos el cese inmediato de estas operaciones de castigo que buscan quebrar la resistencia de un pueblo ensañándose con sus futuras generaciones», concluye la declaración. Seguiremos informando.