La Contraloría General de la República descartó irregularidades en el uso del Palacio de La Moneda como residencia presidencial y en la realización de actividades religiosas al interior del recinto, tras una denuncia presentada por particulares contra la actual administración. El organismo sostuvo que históricamente La Moneda no solo ha sido utilizada para funciones institucionales y protocolares, sino también como vivienda permanente del Presidente de la República y su familia, incluyendo patios, oficinas, salones y habitaciones destinadas a ese fin. Respecto de los cultos religiosos, el dictamen señaló que estas prácticas también forman parte de la tradición histórica del palacio.

Indicó que existen tres capellanías autorizadas oficialmente que comparten un mismo templo dentro del recinto y que sus actividades son coordinadas por la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. Sobre esa base, la Contraloría concluyó que los hechos denunciados se ajustan al uso histórico y a la destinación del inmueble, por lo que no corresponde formular objeciones legales, siempre que no se hayan realizado modificaciones estructurales sin autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. Pese a validar las prácticas cuestionadas, el organismo recomendó que la Dirección Administrativa de la Presidencia, junto al Consejo de Monumentos Nacionales y el Ministerio de Bienes Nacionales, actualicen o elaboren una regulación interna para el uso de espacios en La Moneda y Cerro Castillo, incorporando criterios de transparencia, probidad, control y resguardo patrimonial.