El proyecto de Reconstrucción Nacional, también conocido como ley miscelánea, continúa generando reacciones en la oposición. Si bien ha existido diálogo por parte de la Segpres con los distintos partidos políticos, no ha habido un consenso, y está difícil que así sea. Es semana distrital y la diputada Lorena Fries (FA) atiende el llamado de BBCL para conversar de la contingencia y los temas que se han tomado el debate en la esfera política.

Según acusa, la iniciativa presentada por el gobierno de José Antonio Kast solo incluye contenidos de reconstrucción en nueve de más de cien páginas. Si lo separa, dice, aprobarán en menos de una semana. Los ajustes fiscales —que también consideran recortes presupuestarios— no son el único punto de discordia.

La parlamentaria de oposición, quien fue directora del INDH y también la primera subsecretaria de Derechos Humanos durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, también advierte “señales preocupantes” por parte del Ejecutivo en la materia. Si bien Fries es enfática en asegurar que no suele juzgar el presente con herramientas del pasado, sostiene que la figura del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, a raíz de sus decisiones, genera una desconfianza que “hace que su pasado vuelva al presente”. Esto es su rol en el equipo jurídico que defendió al dictador Augusto Pinochet en el caso Riggs.

La rearticulación del sector como oposición también es uno de los temas. A su juicio, han actuado respetuosamente con la institucionalidad y, entre los desafíos, está conectar con quienes están “desafectados políticamente” y se inclinan por el PDG. “Son determinantes respecto de los votos y por lo mismo hay que mantener un diálogo permanente”, dice sobre el rol del partido de Franco Parisi en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Derechos Humanos y la administración de José Antonio Kast —En el contexto de este presunto cambio de criterios del gobierno sobre la intervención de sus abogados en causas de Derechos Humanos, ¿qué tanto cree que es el retroceso en materia de verdad, justicia y reparación? Creo que las señales son preocupantes. Por un lado, hay una historia del presidente José Antonio Kast y del Partido Republicano en torno a los temas de Derechos Humanos, sobre todo respecto de la dictadura.

Sabemos de los nexos que ha habido con los condenados de Punta Peuco, también durante el período anterior, en el que el Partido Republicano en muchos casos —en el hemiciclo— buscaba ensalzar la dictadura, negaba violaciones a Derechos Humanos y bueno, uno habría pensado que llegando un gobierno de ultraderecha aún así se consideraba que un presidente gobierna para todos los chilenos y que habían dicho, además, que no se iba a modificar la situación actual. Pero lo que fuimos viendo fue, primero, este proyecto avalado por el gobierno, relacionado con la conmutación de penas que tocaba obviamente a los criminales de lesa humanidad, la posibilidad de indulto, también este oficio que sale de Hacienda descontinuando el Programa de Derechos Humanos y por último, esta señal de inhibición de actuar frente a la solicitud de beneficios. Allí resulta bien contraproducente porque existen protocolos desde el 2017 respecto de cómo actuar en estas situaciones, hay criterios establecidos y el Estado tiene la obligación de llegar hasta el final.

¿Qué significa eso? No solo la condena, sino que y estas son obligaciones legales internacionales, que la sanción se cumpla de manera efectiva. Hay excepciones a esto, como por ejemplo el caso de enajenación mental, pero es el juez el que toma la decisión.

Y por lo tanto, tiene que haber una bilateralidad de los aspectos a tomar en cuenta y proporcionarle al juez para que tome la medida. Hay casos en que estas enajenaciones han sido simuladas y por lo tanto, es bueno que las dos partes —a favor del condenado por la petición de estos beneficios y en contra eventualmente porque no se cumplen estos criterios o requisitos— sean considerados por el juez. El hecho de que el Estado se sustraiga es no utilizar las herramientas que está obligado a usar en estas situaciones y obviamente que no contribuye a verdad, justicia y reparación.

Sobre todo, genera desconfianza en un espacio donde ha costado mucho construir esas confianzas. —Habló de señales preocupantes vinculadas al presidente e imagino que también asociadas a su gabinete. Antes de asumir, hubo controversia con la figura de Fernando Rabat, hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos, por haber integrado el equipo jurídico que defendió al dictador Augusto Pinochet.

¿Usted mantiene dichos reparos? Yo en general no suelo juzgar el presente con herramientas del pasado. Sin embargo, obviamente que eso también genera suspicacia y por lo mismo la conducta del ministro de Justicia tiene que ser capaz de generar esta confianza… El hecho de que se plantee que es un error comunicacional, señalar que se descontinúe el programa de Derechos Humanos, que es el que sustenta el Plan Nacional de Búsqueda, por cierto que uno dice: Bueno, ¿hay una continuidad o hay una separación entre lo que hizo un abogado que defiende —que tiene todo el derecho a ser defendido— al dictador?

Lo que me temo es que está generando una desconfianza que hace que su pasado vuelva al presente - Diputada Lorena Fries (FA) por ministro Fernando Rabat —Entonces, ¿no ve una separación entre Fernando Rabat abogado de Pinochet y Fernando Rabat ministro de Justicia? En este minuto a mí me parece que ese hilo se está retejiendo a propósito de lo que hemos sabido respecto de eventual recorte o discontinuidad en el programa (de Derechos Humanos), y de esta orden que además todavía no tenemos todos los antecedentes, pero es muy extraño que el mismo día que van a alegar los abogados les llegue la instrucción de no hacerlo. Los ministros de Justicia no están enterados de lo que hacen 60 abogados en causas de Derechos Humanos, sobre todo en alegatos que no son los definitivos en términos de condena o absolución.

Entonces, también hay que aclarar porque yo no quisiera que hubiera un intercambio de información entre la defensa y el ministerio. —¿Cuál es su opinión de la política de “puertas abiertas” de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, al recibir a familiares de uniformados condenados por delitos de lesa humanidad en dictadura? Yo no tengo ningún problema con eso.

Ella es la presidenta de la Corte Suprema, obviamente tiene como labor escuchar a los representantes y a los familiares de personas que están cumpliendo condena. En eso no me equivoco y me parece que es parte de lo que puede pasar en democracia. Aquí lo importante y me parece que en ese sentido la presidenta de la Corte Suprema ha sido bastante clara en señalar, por ejemplo, lo que piensa respecto del indulto, de hacer cumplir la ley y con ello también los tratados internacionales.

Entonces, me parece que eso no quita el que se tenga que aplicar el derecho y eso es lo que estamos pidiendo, que no haya retroceso en materia de institucionalidad en Derechos Humanos, pero que tampoco haya retroceso en lo que ha costado tanto avanzar en materia de verdad, justicia y reparación. Llevamos muy poco tiempo con esta obligación del Estado de buscar a los detenidos y detenidas desaparecidas y me parece que esa es una tarea que está dentro del campo de las obligaciones internacionales chilenas y, por lo tanto, un retroceso en esta materia significa también responsabilidad internacional del Estado de Chile. —En el marco de un nuevo aniversario de Carabineros, viudas se reunieron con la ministra Mara Sedini.

En la instancia, solicitaron que la promoción de grado también se aplique a funcionarios que mueren estando de franco. ¿Está de acuerdo con esa idea o cree que no es necesario? Yo creo que, en general, todo lo que tienda a apoyar y a reforzar la legitimidad y el reconocimiento a Carabineros me parece que es algo que se puede debatir, discutir y en general debiera promoverse.

Siempre se dice que quienes estamos en el campo de los Derechos Humanos somos contrarios a Carabineros, que tendríamos como una animadversión a Carabineros y la verdad es que nada más lejos que eso porque consideramos que la seguridad es un derecho humano que además habilita el ejercicio de todos esos derechos. Lo que siempre hemos dicho es que la policía tiene que encuadrar su accionar dentro del marco de Derechos Humanos, que ese es su límite en el uso de la fuerza. Si eso se cumple, evidentemente eso contribuye a la democracia, a la legitimidad de las policías y con ello, obviamente, al Estado de Derecho.

A mí me parece que todas esas iniciativas se pueden debatir y en principio no debieran tener un problema. —Ya que menciona el uso de la fuerza, en términos generales, ¿cree que se debería reformar la institución? Tal como se proponía después del estallido social.

Yo creo que ha habido cambios graduales en términos de la formación de Carabineros en cuanto a dotación. O sea, nadie podría decir que el gobierno del expresidente Gabriel Boric no se preocupó por los derechos de los carabineros, que me parece que es un aspecto central y por supuesto hay que seguir en esa materia. Entonces, me parece que lo que sí se requiere, que está pendiente y ojalá no siga adelante de la forma que está, es que se requiere subir a rango legal las reglas de uso de la fuerza, pero que sean consistentes con las normas internacionales en términos de uso de la fuerza y que no se logró en el proyecto que se había presentado por parte del gobierno.

Quedó ahí porque la verdad es que era un retroceso brutal respecto de incluso lo que constaba en protocolos actuales, pero siempre va a ser bueno que eso tenga un rango legal porque le da certeza de actuar a los carabineros y por cierto también a los ciudadanos y ciudadanas. Polémico proyecto de Reconstrucción y recortes presupuestarios —Así, tal como fue presentado el proyecto de ley miscelánea, ¿desde el Frente Amplio están disponibles a votar la idea de legislar o lo descartan absolutamente? Tal como lo presentaron no y en la conversación que se tuvo con el ministro José García Ruminot, nosotros hicimos esa distinción.

Dijimos: Bueno, si se trata de reconstrucción, que a todo esto son nueve de un total de 123 páginas, separe el proyecto y se lo aprobamos en una semana. Entendemos la urgencia de reconstruir las vidas de esas familias que producto del incendio quedaron sin sus casas. Lo otro es una reforma tributaria que cambia el paradigma con el que veníamos trabajando desde el año 90 y nos devuelve a los años 80, donde efectivamente hay una reintegración del sistema tributario y donde además se busca bajar el impuesto corporativo, con lo que, además de otro regalías a los sectores más pudientes de este país, lo que se hace es bajar la recaudación y eso se discute en el Congreso.

Por otro lado, tenemos una avanzada de recorte presupuestario. A mí me parece que va en un sentido contrario de lo que se ha logrado y además sin certeza de que la fórmula que propone —en términos de reforma tributaria— este gobierno vaya a tener un retorno equivalente y en una cierta proximidad que no haga pasar estrecheces a las familias chilenas y eso es lo que no estamos viendo. Separe el proyecto y se lo aprobamos en una semana - Diputada Lorena Fries (FA) por proyecto de Reconstrucción Nacional La discusión en Hacienda ni siquiera tiene todavía un piso común respecto de las cifras y entonces se hace muy difícil poder pensar en que por la vía de este tipo de reforma tributaria que, insisto, beneficia a los sectores más ricos de este país, va a mejorar la mayoría chilena.

Es la teoría del chorreo del año 84, de la cual empezamos a salir en 90 con políticas de protección social que aparecen hoy día como sugerencias del Ministerio de Hacienda a ser descontinuada o reducidas en términos de reajuste (…) uno tiene que concluir que lo que se busca es reducir al mínimo el Estado y desmantelar mucho de lo que es el aparato de red de protección social que tanto ha costado construir. —El gobierno ha mantenido su postura de que no va a separar el proyecto. Entonces, ¿cómo anticipa la discusión en el Congreso?

Creo que en esto, por lo menos hasta ahora y lo digo en términos de oposición unida, hay un rechazo a la forma y al fondo de este proyecto. A la forma porque se ha tardado mucho en abrir puertas de diálogo con todos los partidos. Nosotros lo dijimos, siempre hemos estado abiertos al diálogo, somos el partido más grande de la oposición… costó tener la reunión para plantear nuestros supuestos.

—En el Ejecutivo también han negado de manera reiterada que no habrá recortes a derechos sociales. De hecho, la ministra vocera acusó que hay personas que “han intentado meterle miedo” a la ciudadanía. ¿Cómo se toman esa declaración desde la oposición?

A mí me parece que es una patudez señalar eso. Aquí los que han metido miedo durante la campaña con los temas de seguridad fue justamente el actual gobierno y lo que nosotros hemos hecho es confrontar hechos que son que hay oficio del Ministerio de Hacienda que orienta la elaboración presupuestaria y, cuando digo orienta, establece la mirada de Hacienda sobre cada uno de los ministerios. Entonces, ahí hay sugerencias y una mirada que establece cierta priorización sobre algunos programas respecto de otros.

Por lo tanto, eso no es meter miedo, es decir: mire, hay esto, explíquenos esto. Y la verdad es que este gobierno ha sido bastante opaco en transparentar cuestiones que se filtran o las entregan a la prensa. Yo creo más bien que aquí hay, insisto, una avanzada de poner toda la carne sobre la parrilla respecto de los reajustes y las discontinuidades para luego tratar de pasar el máximo, y se retrocederá en la discusión presupuestaria, pero hay una avanzada.

Por un lado se bajan los impuestos a los ricos y hay que buscar nuevos fondos para sostener algunos de los programas que ellos consideran que son importantes. Entonces, estas contradicciones no son creadas por la oposición, son contradicciones que ha creado el propio gobierno y que yo insisto, no creo que sean errores comunicacionales. La rearticulación de la izquierda como oposición y el rol clave del PDG —¿Cómo ve el rol de la oposición?

¿Considera que han estado activos frente a los anuncios —y en algunos casos filtraciones por parte del Ejecutivo? ¿O podría ser más firme? Yo creo que hemos estado activos y hemos estado operando con los canales institucionales.

Es decir, frente, por ejemplo, a la información de que ya había decretos que establecen reasignaciones para este año, hemos pedido que se nos transparenten. Respecto del oficio, hemos pedido que se aclare y no se ponen de acuerdo en cuál es la situación o qué se pretendía con ese oficio. Hemos citado a los ministros a las comisiones para que den cuenta de cómo van a rebajar este 3% que se instruyó a los distintos ministerios.

No tenemos información detallada aún de cómo se está haciendo, a pesar de que los decretos ya están en toma de razón. Entonces, la verdad es que hemos sido una oposición respetuosa de la institucionalidad democrática y esperamos seguir siéndolo, pero la verdad es que aquí el baile se tiene de a dos y el gobierno no contribuye mucho. Y en esos términos, a mí me parece que la oposición ha actuado unida.

Hemos estado, obviamente, en las reuniones de coordinación, pero también hay equipos en materia de economía y de análisis de lo que significa esta ley miscelánea. Espero que así se siga construyendo esa oposición que espero que se mantenga y se proyecte en los próximos cuatro años y para adelante. —En esa misma unidad del sector, ¿se reconoce a algún liderazgo en específico?

Desde el mismo Frente Amplio, por ejemplo. Yo creo que temprano para decirlo. Todos los partidos hoy día tienen liderazgos y también están las excandidaturas de Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC) y el mismo Gonzalo Winter (FA).

Son liderazgos que todavía están aportando al país, el mismo expresidente Gabriel Boric que en su momento también él verá cómo se inserta en esta coyuntura, pero me parece todavía temprano para decir quién va a llevar la cabeza. Creo que habría que enfatizar más bien que lo importante aquí es la coordinación y la unidad de los partidos. Dentro de eso, vamos a ir viendo cómo surgen o cómo se reafirman liderazgos que contribuyen a esa unidad.

Lo que sí le puedo decir es que aquellos liderazgos que no contribuyen a la unidad, no necesariamente son los que se van a proyectar a futuro. —¿Enciende las alarmas en el sector el rol que ha tomado el PDG? En las negociaciones por la denominada ley miscelánea ha tomado un rol protagónico.

Puede ser determinante para lograr una mayoría en el Congreso. Absolutamente, son determinantes para las votaciones en el Congreso y obviamente, ellos están perfilando también cuál va a ser su rol. Como dicen ellos, no es de izquierda ni de derecha y, por lo tanto, busca cuestiones concretas para la ciudadanía.

En varias de ellas, nosotros como izquierda nos encontramos con el PDG, seguramente en otras no nos vamos a encontrar, pero sin duda que es un partido con el que hay que conversar, que ha logrado una cierta cohesión dentro del Congreso comparado con el periodo pasado y, a pesar de que llevamos un mes, se nota un mayor ordenamiento. Vamos a ir viendo que es un actor más con el que obviamente hay que mantener un diálogo abierto. —¿No les preocupa entonces?

Por supuesto que preocupa en la medida en que son determinantes respecto de los votos y por lo mismo hay que mantener un diálogo permanente con el Partido de la Gente. Eso no me cabe ninguna duda, aquellos que piensen que el PDG es un partido muy coyuntural que se va a deshacer, etc. yo no pienso eso.

Creo que han ido avanzando, que eventualmente han sido y seguramente volverán a ser una posible alternativa para el país. Y, en ese sentido, el desafío para nosotros —los partidos de izquierda— es conectar con esas bases que están desafectadas políticamente, que llegan al PDG en busca de cuestiones concretas. Son determinantes respecto de los votos y por lo mismo hay que mantener un diálogo permanente - Diputada Lorena Fries (FA) por el rol del PDG —Esta semana volvió al debate la Ley Naín-Retamal, a raíz de lo dicho por el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic.

¿Usted cree que esa normativa aumenta la impunidad policial? La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, aseguró que no. Yo sé que la ministra dice que no, pero yo estoy convencida de que sí.

De hecho, no es solo una opinión del Frente Amplio, en este caso, sino que también esto está apoyado por recomendaciones que han hecho los organismos multilaterales en materia de Derechos Humanos. Incluso más, se está tratando, y por distintas vías, de volver a la justicia militar y que Carabineros quede dentro de la justicia militar. Quiero recordar que este es un camino que lo que busca es justamente blindar a Carabineros, y yo no tengo problema en que se blinde cuando actúan bien.

Cuando actúan mal, es decir, cuando abusan de la fuerza que todos los chilenos le hemos entregado, entonces, en ese caso, me parece que deben recibir sanciones. Ampliar la posibilidad de actuación, dejando ambigüedades en este campo, me parece que no ayuda. En ese sentido, me parece que Naín-Retamal no fue una buena idea.

Hoy día es una ley vigente, pero insisto, el próximo paso va a ser justicia militar y Chile ha recibido condenas por el uso de la justicia militar.