La reforma a la Ley de Patrimonio Cultural vuelve a tomar protagonismo en el Congreso en medio de una discusión que mezcla modernización del Estado, protección patrimonial y reactivación de la inversión. En ese escenario, el foco no solo está puesto en el contenido de la iniciativa, sino también en su tramitación, los actores que la lideran y los puntos de conflicto que marcarán sus próximos pasos. Con todo, el Gobierno busca destrabar proyectos de inversión mediante su agenda de "facilitación regulatoria".

En ese contexto, el funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) aparece como uno de los principales focos de atención, debido a las críticas por sus tiempos de tramitación y criterios de evaluación. El tema no es nuevo. Durante la campaña presidencial, el organismo fue cuestionado por supuestamente frenar iniciativas por hallazgos -como las denominadas "tapitas de Coca-Cola"- y por exigir requerimientos considerados "infundados" en proyectos de alto impacto, como la ampliación del Metro de Santiago.

Ese escenario instaló la necesidad de revisar en profundidad la institucionalidad patrimonial vigente. ¿En qué está hoy la Ley de Patrimonio Cultural? El proyecto que busca reformar el funcionamiento del CM) se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado.

En específico, la iniciativa es revisada por la comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación, donde ya se ha avanzado en una parte importante de las indicaciones que fueron ingresadas por la administración anterior. En paralelo, el Ejecutivo decidió ponerle urgencia a la tramitación, en línea con su agenda de "facilitación regulatoria" para enfrentar la denominada "permisología", uno de los factores que -según el Gobierno- ha incidido en el freno de proyectos de inversión. Sin embargo, pese a ese impulso, el Congreso aún está a la espera de una propuesta más concreta por parte del Ministerio de las Culturas que permita ordenar el debate y cerrar acuerdos.

¿Quiénes integran la comisión clave que revisa el proyecto? La discusión está radicada en la comisión de Cultura del Senado, presidida por el senador Alfonso de Urresti (PS). Junto a él, integran la instancia Sebastián Keitel (ind-Evópoli), Enrique Lee (ind-RN), Alejandra Sepúlveda (ind) y Beatriz Sánchez (FA).

¿Cuáles son los principales cambios que propone la reforma? En lo medular, la iniciativa apunta a modificar la forma en que opera el CMN, separando las funciones técnicas de la entrega de permisos. La propuesta establece que esta última tarea quede radicada en el Servicio Nacional del Patrimonio (Serpat) y sus direcciones regionales, mientras que el Consejo se concentre exclusivamente en definir qué bienes o expresiones deben ser protegidos.

Esta redefinición busca agilizar los procesos y reducir los tiempos de evaluación, una de las críticas más recurrentes al sistema actual, que incluso fue cuestionado durante la campaña presidencial por supuestamente frenar obras por hallazgos menores o exigencias consideradas desproporcionadas. En esa línea, el propio ministro de Cultura, Francisco Undurraga, ha señalado que existe un amplio consenso político en torno a esta estructura. Según indicó a CNN, hay "más de un 80% de acuerdo" respecto del diseño general de la reforma, especialmente en lo relativo a la descentralización del trabajo.

¿Dónde están los principales nudos del debate? El punto más controvertido se centra en la composición del Consejo de Monumentos Nacionales. Las indicaciones del gobierno anterior proponían ampliar el número de consejeros de 27 a 30, incorporando nuevas representaciones, como pueblos originarios, expertos en antropología, la Cineteca Nacional y un representante afrodescendiente en casos específicos.

Aunque esta idea ha ido perdiendo fuerza, sigue siendo un eje de tensión política. Desde la presidencia de la comisión, Alfonso de Urresti ha manifestado su rechazo a aumentar el número de integrantes. "Yo no estoy de acuerdo en ampliar la representación, yo creo que tiene que ser una representación efectiva, pertinente, y tenemos que avanzar en certezas (...

). Yo voy a ser siempre un defensor del patrimonio, pero hoy día se ha debilitado precisamente la propia protección porque los plazos son insostenibles, no hay una coherencia, no hay una unidad y termina desacreditándose el trabajo", argumentó a El Mercurio. La discusión sobre la incorporación de representantes de pueblos originarios al Consejo se ha transformado en uno de los puntos más sensibles del proyecto.

Para algunos sectores, se trata de una condición necesaria para dotar de legitimidad y pertinencia cultural a las decisiones patrimoniales, especialmente en un país con una fuerte diversidad territorial y cultural. Desde esa perspectiva, la senadora Beatriz Sánchez ha defendido activamente su inclusión. La legisladora advirtió que el foco en agilizar procesos podría debilitar la protección del patrimonio.

En ese sentido, afirmó a El Mercurio que el retroceso en esta materia es "una de mis principales preocupaciones" y agregó que "la incorporación de representantes de pueblos originarios al Consejo es fundamental para que este pueda cumplir su rol con verdadera pertinencia cultural, y es por ello que deben tener asegurada su permanencia". ¿Cuáles son los próximos pasos legislativos? El avance del proyecto dependerá en gran medida de la intervención del Ejecutivo en las próximas semanas.

El ministro Francisco Undurraga tiene previsto asistir a la comisión del Senado para exponer la visión del Gobierno y, eventualmente, presentar indicaciones que permitan zanjar los puntos pendientes. Con ese insumo, la comisión deberá continuar la revisión en particular del proyecto antes de despacharlo a la sala del Senado. De ahí, la iniciativa deberá cumplir sus siguientes etapas legislativas, que incluyen la votación en sala y un eventual tercer trámite en caso de modificaciones.