“Mientras nosotros aún no analizamos si corresponde aprobar o rechazar la adjudicación del nuevo contrato de la basura, hoy nos enteramos que paralelamente ya se estaban solicitando cotizaciones para realizar un trato directo. Aparentemente desde la administración ya se avanza en escenarios paralelos, lo que genera una enorme duda respecto de la transparencia y seriedad con la que se llevó adelante el proceso”, cuestionó. La edil sostuvo además que existen dudas respecto a la capacidad técnica y financiera de algunas empresas involucradas, advirtiendo riesgos para la continuidad operacional y sanitaria del servicio.
“La Federación de trabajadores denuncia aspectos extremadamente delicados que hasta ahora no han sido aclarados, que existían ofertas donde ni siquiera se especificaba claramente los camiones, equipamiento, ni años de fabricación de los vehículos comprometidos, qué podría hacer otorgándose facilidad excepcionales mediante licitaciones cortas y eventuales mecanismos de trato directo, que la propuesta no garantiza los estándares laborales mínimos, ni respecto de las actuales remuneración de los trabajadores, que incluso una empresa no habría definido los sueldos en su oferta, abriendo espacios de paralización laboral y pagos mínimos, y quizás lo más grave, que existirían servicios actualmente prestados que ni siquiera estarían considerados en la nueva propuesta, como la instalación y mantención de contenedores rurales, lo que podría generar despidos, problemas operativos y sanitarios en los distintos sectores de Chillán”, precisó. “Estamos hablando de uno de los servicios más sensibles de la ciudad”, afirmó Chávez, quien además pidió que todos los antecedentes sean remitidos al concejo para su evaluación. Por su parte, el concejal Yerson Soto llamó a evitar juicios anticipados antes de revisar oficialmente los antecedentes.
“No podemos dejarnos pautear por las empresas, sea el oferente o el que no ofertó. Tenemos que basarnos en información oficial y no ser parciales”, precisó. Toma de razón de Contraloría Frente a los cuestionamientos, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, defendió el proceso y aseguró que la licitación ha sido supervisada desde su origen por la Contraloría.
“Elaboraron las bases cuatro funcionarios de planta municipal y Contraloría tomó razón de ese proceso. Posterior a eso, existió otra comisión donde hay otros cinco funcionarios, todos de planta municipal, que determinaron, de acuerdo a los guarismos matemáticos y la evaluación técnica, que había una empresa que, en teoría, estaría con posibilidades de adjudicarse”, explicó. El jefe comunal añadió que la adjudicación también será revisada por el organismo contralor.
“Como es un contrato muy grande, claramente hay intereses de muchas empresas y de los gremios de trabajadores. Todas las dudas tienen que quedar resueltas”, aseguró. Benavente solicitó que para la comisión que se efectuará el próximo lunes estén presente los funcionarios a cargo de la elaboración de las bases y adjudicación, para que despejen las dudas y entreguen la información requerida por los concejales, como los antecedentes técnicos, administrativos y financieros relacionados con la licitación del servicio de recolección de residuos domiciliarios.