Hay aproximadamente mil personas viviendo en los hospitales públicos de Chile que no necesitan estar ahí. Tienen el alta médica firmada, pero no tienen adónde ir. No son pacientes: son refugiados de un sistema de protección social que no fue diseñado para una sociedad que envejece.

La ministra de Salud, May Chomali, lo reconoció esta semana al anunciar que cruzarán bases de datos del Registro Civil, el Servicio de Impuestos Internos y municipios para localizar a los familiares de estos pacientes. La medida es comprensible, pero insuficiente, porque asume que el problema es el abandono familiar. Los datos sugieren algo más incómodo: en la mayoría de los casos, las familias no pueden — no es que no quieran — hacerse cargo.

La aritmética es brutal. Un adulto mayor en FONASA A o B — el 80% de estos pacientes — recibe una Pensión Garantizada Universal de $231. 732 al mes.

Sumando una pensión autofinanciada mediana, su ingreso total ronda los $400. 000-500. 000 mensuales.

El costo mensual en residencias privadas de adultos mayores en Chile oscila generalmente entre $650. 000 y más de $2. 000.

000 de pesos, situándose en promedio alrededor de $1. 400. 000.

Los costos varían significativamente según la comuna, el nivel de dependencia del residente, los servicios incluidos y el tipo de establecimiento. El ingreso de la mayoría de los pacientes no alcanza para cubrir esta alternativa. Por tanto, no es negligencia: es imposibilidad económica.

En Chile existen 947 ELEAM con autorización sanitaria, pero solo 22 son públicos — administrados por SENAMA a través de municipios o fundaciones sin fines de lucro — con un total de 1. 298 plazas para 18,5 millones de habitantes. Según una investigación de CIPER publicada en mayo de 2025, 838 personas estaban en lista de espera para ingresar, el 61% derivadas desde tribunales por maltrato o violencia intrafamiliar.

En todo 2024, solo 33 personas lograron ingresar al sistema: un cupo se libera, en la práctica, cuando fallece un residente. La Ley Chile Cuida, promulgada en febrero, establece el derecho al cuidado como derecho social, pero su Red Local de Apoyos y Cuidados atiende a 37. 500 hogares, apenas el 4,7% de las personas mayores con algún grado de dependencia.

Las Viviendas Tuteladas de SENAMA solo admiten a personas autovalentes. El déficit habitacional supera las 491. 000 viviendas.

Cuando se cierran todas las puertas, la única que queda abierta es la del hospital. El costo de esta situación es insólita y absurda. Mantener a mil pacientes hospitalizados cuesta entre $54.

750 y $91. 250 millones al año, dependiendo del valor del día-cama. Para dimensionarlo: ya en 2017, según el estudio de Olivares-Tirado (2019) para la Superintendencia de Salud, el gasto en hospitalización social era un 43% mayor que todo el aporte fiscal a SENAMA de ese año.

El Estado gastaba más en mantener a personas mayores en camas hospitalarias que no necesitaban que en financiar la totalidad de sus programas para adultos mayores. Esas mil camas equivalen a dos hospitales completos, según la propia ministra. En un país con 1,92 camas por cada mil habitantes — menos de la mitad del promedio OCDE — cada cama ocupada por un paciente sociosanitario es una cama que no está disponible para el paciente de urgencia que espera más de 12 horas en un pasillo, para la cirugía que lleva meses en lista de espera, para el enfermo crónico que necesita hospitalización.

Construir esos dos hospitales equivalentes costaría entre $100. 000 y $160. 000 millones.

En menos de dos años, la hospitalización social supera esa inversión. Es, por definición, el gasto más ineficiente del sistema de salud. Pero el daño no es solo fiscal.

La evidencia internacional muestra que los pacientes con alta retrasada desarrollan infecciones intrahospitalarias en un 35% de los casos, úlceras por presión en un 8%, y un 9% fallece antes de ser trasladado. La regla geriátrica es implacable: diez días en cama equivalen a diez años de envejecimiento muscular. Pacientes que ingresaron caminando terminan postrados.

A mayor deterioro, menor posibilidad de egreso. El hospital, que debería curar, termina enfermando. Hay una experiencia que demuestra que esto tiene solución.

El Hospital Padre Hurtado redujo sus pacientes sociosanitarios de 12 a 1 mediante un modelo de gestión activa: coordinación entre gestión de camas, trabajo social, licitación pública de plazas y visitas domiciliarias. No requirió reforma legal ni presupuesto extraordinario. Requirió voluntad institucional y articulación.

A nivel sistémico, una intervención costo-efectiva sería un subsidio de cuidado domiciliario de $500. 000 mensuales para familias que asuman el cuidado de estos pacientes. El costo anual para mil familias sería de $6.

000 millones, apenas el 8% de lo que cuesta mantenerlos hospitalizados. Incluso si solo la mitad de las familias respondiera, el ahorro neto sería de decenas de miles de millones. La Dirección de Presupuesto proyecta que el gasto en salud pasará del 5,6% al 12% del PIB en 2050, impulsado por el envejecimiento.

Esas proyecciones no incluyen los cuidados de largo plazo. Chile completó en 32 años una transición demográfica que a Francia le tomó 115, pero sus instituciones siguen operando con la lógica de un país joven. Si con un 14% de población mayor de 65 años hay mil pacientes sociosanitarios, las proyecciones al 2050 sugieren que la cifra podría multiplicarse entre cinco y diez veces.

El paciente sociosanitario no es un problema de gestión hospitalaria. Es un indicador de falla sistémica: la prueba viviente de que pensiones, vivienda, cuidados y salud operan en silos separados mientras las personas caen por las grietas entre ellos. Buscar a los familiares está bien.

Pero la pregunta que debemos hacernos no es dónde están las familias, sino por qué el Estado les ofrece solo dos opciones: pagar hasta más de $2 millones al mes o abandonar a su padre en un hospital.