La posibilidad de recortes presupuestarios en Educación para 2027 encendió las alarmas en Magallanes. Desde el Colegio de Profesores expresaron su preocupación por las orientaciones entregadas en el proceso de formulación presupuestaria, advirtiendo que la eventual discontinuidad de programas educativos podría impactar directamente a miles de estudiantes y tensionar aún más el sistema de Educación Pública en la región y el país. Desde el directorio regional liderado por Alicia Aguilante señalaron que observan con inquietud las señales emanadas desde el nivel central.

“Vemos con preocupación las orientaciones que se han dado en el proceso de formulación del presupuesto 2027”. En ese contexto, remarcaron que “si bien entendemos que no hay una decisión final, es una señal que nos alerta profundamente, ya que muchos de estos programas están directamente vinculados a estudiantes más vulnerables y al fortalecimiento de la educación pública”. Cabe recordar que en 2025 en la región de Magallanes eran más de 12.

700 alumnos que tienen derecho a este beneficio con más de 30. 000 raciones diarias en 67 establecimientos educacionales. El gremio regional recalcó que la discusión no debe centrarse únicamente en cifras o balances técnicos.

“Aquí no estamos hablando solo de números, estamos hablando de alimentación escolar, acceso, permanencia y apoyo pedagógico”, sostuvieron, poniendo énfasis en que programas de acompañamiento, acceso y apoyo social son fundamentales para garantizar trayectorias educativas en contextos de mayor vulnerabilidad. “Como organización, no nos corresponde juzgar el proceso técnico, pero sí tenemos el deber de representar a las Comunidades Educativas y advertir cuando medidas de este tipo pueden afectar el derecho a la Educación y las condiciones de trabajo Docente”, señalaron. A esta preocupación se sumó el directorio comunal, que emitió un comunicado público donde manifestó su “profunda preocupación”.

El gremio comunal rechazó las medidas contenidas en la Circular N°16 del Ministerio de Hacienda, referida a la formulación presupuestaria 2027. A nivel local, el directorio comunal también manifestó preocupación por la designación de autoridades educativas que han sido objeto de cuestionamientos públicos asociados a eventuales vulneraciones de derechos hacia docentes. Según señalaron, esta situación “debilita la confianza en las instituciones y en la conducción del sistema educativo”, en momentos en que se requiere fortalecer la credibilidad y gobernanza del sistema.

De la misma manera, apuntaron a la gestión del Servicio Local de Educación Pública Magallanes. Desde el Comunal Punta Arenas señalaron que “resulta preocupante” que se argumente falta de recursos mientras existirían errores administrativos que han derivado en indemnizaciones millonarias. Junto con ello, cuestionaron la demora en la aplicación de la ley de titularidad docente, una demanda histórica del profesorado, así como la lentitud en la tramitación de sumarios administrativos vinculados a denuncias realizadas por docentes en el marco de la Ley Karin.

Otro de los puntos abordados por el gremio fue el proyecto de ley sobre seguridad, orden y respeto en la comunidad educativa, actualmente en discusión en el Congreso Nacional. Si bien desde el Comunal Punta Arenas reconocieron que “compartimos la necesidad de resguardar la seguridad escolar”, advirtieron que “preocupa que se privilegie una mirada policial y punitiva por sobre un enfoque preventivo y formativo”.