En medio del duelo por la muerte de Jaime Javier Uribe Montiel, comunidades y familias mapuche williche del territorio El Roble, Maihue-Carimallin denunciaron una “profunda injusticia” luego de que se impidiera su sepultura en el cementerio ancestral de Maihue. La situación, según expusieron en una carta dirigida a la autoridad regional de la Región de Los Ríos, no solo responde a una decisión administrativa, sino a una medida que golpea directamente a la familia en un momento de dolor. A juicio de las comunidades, se trata de una determinación que vulnera derechos históricos y profundiza el conflicto en torno a un espacio de alta significación cultural.
El impacto es concreto. La negativa afecta especialmente a su esposa, la machi Millaray Huichalaf, y a sus hijos e hijas, varios de ellos menores de edad, quienes hoy no pueden sepultar a su padre en el lugar donde descansan sus ancestros. Desde las comunidades, advierten que impedir este acto básico en medio del duelo constituye “una afrenta a la dignidad humana” Entierro en cementerio ancestral de Maihue: un espacio colectivo, no excluyente Para entender el conflicto, las comunidades ponen el foco en la naturaleza del cementerio de Maihue.
No se trata de un recinto cualquiera, sino de un espacio ancestral, definido como de “uso ancestral y de alta significación cultural”, cuya organización responde a criterios comunitarios. En concreto, explican que el cementerio ha sido estructurado históricamente por linajes familiares, donde “cada familia tiene un espacio definido dentro del recinto, en virtud de lazos de sangre, pertenencia territorial y reconocimiento comunitario”. Es decir, no hay una administración individual ni exclusiva, sino un sistema colectivo que ha sido respetado por generaciones.
Desde esa lógica, advierten que ningún grupo puede permitirse la facultad de excluir a otros. Hacerlo, plantean, no solo rompe esa tradición, sino que desnaturaliza el carácter mismo del espacio. Vínculo familiar y pertenencia territorial En ese marco, las comunidades sostienen que Jaime Javier Uribe Montiel cumple con los criterios para ser sepultado en el cementerio.
Recuerdan que en el territorio existe una práctica reconocida: “cuando una persona proveniente de fuera forma familia con un integrante de los troncos familiares que hacen uso del cementerio, dicha persona pasa a formar parte de esa comunidad familiar y adquiere el derecho a ser sepultada junto a su familia”. Es una norma consuetudinaria que ha ordenado históricamente el uso del lugar. A ello suman su vínculo directo con la comunidad: era esposo de la machi, padre de sus hijos y parte del entramado familiar y territorial.
Por lo mismo, impedir su entierro, afirman, no solo desconoce esas prácticas, sino que afecta de manera directa a sus hijos, al impedirles despedir a su padre en el espacio que les corresponde. Cuestionamientos a la supuesta administración del cementerio Otro de los puntos que tensiona el conflicto es la referencia a una supuesta entidad administradora del cementerio. Las comunidades son categóricas: “no existe ninguna comunidad indígena legalmente constituida bajo ese nombre en el sector”, en alusión a la llamada “Comunidad Indígena Maihue”.
En un territorio donde conviven diversas comunidades, advierten que esa figura no tiene sustento formal. A partir de ello, cuestionan que un grupo reducido esté tomando decisiones sobre un espacio que históricamente ha sido compartido, señalando que esta exclusión no cuenta con una base legítima ni representativa. El trasfondo: conflicto territorial y tensiones internas Más allá del caso puntual, el documento sitúa lo ocurrido en un escenario más amplio.
Las comunidades sostienen que el territorio ha experimentado un proceso de fragmentación social, “provocado en gran medida por las intervenciones de la empresa noruega Statkraft, que lleva años desarrollando proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquen, de enorme importancia cultural y espiritual para las comunidades mapuche williche de este territorio”. En esa línea, advierten que algunas de las personas que hoy se oponen al entierro “han negociado con Statkraft y (…) reciben fondos directos de dicha empresa”. Un elemento que, a su juicio, no es menor en un contexto donde las disputas territoriales siguen abiertas.
Este punto adquiere especial relevancia considerando el rol de la machi Millaray Huichalaf, quien ha encabezado la oposición a proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén, precisamente por su impacto en espacios de significación cultural y espiritual . “Manipulación de un espacio sagrado” Con ese trasfondo, las comunidades plantean que lo ocurrido no puede leerse como un hecho aislado. En la carta, sostienen que se trata de una “ manipulación de un espacio sagrado con fines que responden a disputas ajenas al duelo”, una acusación que eleva el conflicto desde lo familiar a lo político y territorial.
A su juicio, el problema no solo afecta a la familia directamente involucrada, sino también al conjunto de comunidades que han cuidado ese espacio a lo largo de generaciones, poniendo en cuestión el respeto por prácticas y valores fundamentales. Un conflicto que atraviesa el duelo Mientras la familia de Jaime Javier Uribe Montiel intenta concretar su despedida en el cementerio ancestral de Maihue, las comunidades advierten que lo que está en juego no es solo una sepultura. Lo que se tensiona, plantean, es el respeto a prácticas históricas, a la organización comunitaria y a un espacio que consideran sagrado.
Por eso, impedir el entierro no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una disputa más amplia, donde el territorio, los intereses en juego y las fracturas internas vuelven a cruzarse, esta vez en medio del dolor de una familia.