El crédito informal se ha transformado en un problema que supera la esfera económica, abriendo camino a una industria ilícita que genera riesgos de seguridad pública y desprotección para las personas. Lamentablemente, este ha sido un efecto no deseado -entre otras causas- de la Tasa Máxima Convencional (TMC), que, si bien redujo los costos de los créditos, también excluyó a miles de personas del acceso al crédito formal. El régimen especial de la TMC, fijado hace más de 10 años, redujo significativamente la tasa para operaciones de hasta UF 200; a un promedio del 37% para los créditos de hasta UF 50 y 30,5% para el tramo de UF 50– UF 200.

Pero, a la vez, dejó fuera a miles de personas con perfiles de mayor riesgo, que dejaron de ser sujetos de crédito. Antes del cambio regulatorio, el Banco Central ya advertía que una TMC restrictiva generaría exclusión financiera de hasta el 9% de los hogares a nivel nacional y del 37% de los hogares del primer quintil de ingresos, además de una contracción de 20% en la oferta de crédito. Tras la reforma, tres estudios de la otrora SBIF confirmaron efectos adversos.

El último, de 2017, estimó hasta 227 mil clientes excluidos del crédito formal. Y, recientemente, la Encuesta Financiera de Hogares reveló una contracción del crédito formal, asociada a una menor bancarización en los segmentos bajos y a una reducción del crédito entre los sectores medios. “Dotar a las instituciones de mayor flexibilidad para otorgar créditos a los sectores más vulnerables y de mayor riesgo es también una forma de proteger a las personas del crimen organizado”.

Esta exclusión abrió la puerta a esquemas informales, de alto riesgo. La CMF identificó a más de 200 entidades irregulares entre 2020 y 2025, y otras 85 aplicaciones móviles que ofrecen préstamos informales. BancoEstado también alertó sobre un aumento de estafas virtuales vinculadas a productos crediticios.

Asimismo, la experiencia internacional muestra que solo un 40% de los países imponen límites a tasas de interés sobre los créditos y que, en Latinoamérica, la regulación chilena es más restrictiva que Colombia, México, Perú y Brasil. ¿Cómo avanzar en una regulación que equilibre protección e inclusión? En un seminario organizado por la Universidad San Sebastián junto al Retail Financiero, el economista Hermann Gonzalez presentó propuestas en esta dirección.

Entre ellas, aumentar el factor multiplicativo a 1,33 veces la tasa promedio para créditos de hasta UF 200, similar al modelo francés, o volver al régimen previo, vigente para créditos de mayor monto, de 1,5 veces la tasa corriente. Ajustes, que permitirían reincorporar a más de 200 mil personas al crédito formal y reducir los riesgos ante el crimen organizado. Complementariamente, el Banco Mundial recomienda evitar tasas máximas fijadas muy por debajo de las condiciones de mercado y priorizar políticas orientadas a fortalecer la competencia, la educación financiera, la transparencia y la reducción de los costos operativos en pro de los consumidores.

Sabemos que un eventual debate será complejo. Escucharemos nuevamente que algo así beneficia solo a los bancos. Nada más lejos de la realidad.

Es necesaria una discusión legislativa que considere las causas y consecuencias del crédito informal y que incorpore la inclusión financiera dentro de una agenda de seguridad nacional. Dotar a las instituciones de mayor flexibilidad para otorgar créditos a los sectores más vulnerables y de mayor riesgo es también una forma de proteger a las personas del crimen organizado.