La incautación de más de 240 kilos de ketamina en la Región Metropolitana encendió las alertas. El operativo, uno de los más grandes en Chile, revela el avance del narcotráfico y la expansión de drogas sintéticas en el país. El decomiso no solo da cuenta de la magnitud del fenómeno, sino también de su sofisticación.

La red operaba bajo la fachada de un negocio de zapatillas, evidenciando nuevas estrategias del crimen organizado para distribuir sustancias ilícitas. Desde el ámbito de la salud, la preocupación es creciente. La ketamina, aunque es un fármaco de uso médico y veterinario, está clasificada como sustancia psicotrópica bajo la Ley 20.

000, lo que implica un control estricto. “El uso recreativo ha aumentado, especialmente en contextos nocturnos, y suele formar parte de mezclas como el ‘tusi’”, explica el toxicólogo Fernando Torres. Riesgos para la salud El especialista advierte que los efectos de la ketamina pueden ser altamente peligrosos y dependen de la dosis.

“Puede provocar náuseas, vómitos, sedación, alteraciones visuales y pérdida de coordinación”, señala. En casos más severos, se registran alucinaciones intensas, desorientación, amnesia e incluso episodios psicóticos. En situaciones extremas, el riesgo aumenta considerablemente.

Puede generar depresión respiratoria, alteraciones cardiovasculares e incluso la muerte, especialmente cuando se combina con alcohol u otras sustancias. Otro aspecto crítico es su uso delictual. “Puede inducir pérdida de conciencia y amnesia, lo que facilita la comisión de delitos”, advierte el académico.

Impacto sanitario y social El consumo reiterado también tiene consecuencias de largo plazo. Se asocia a dependencia, deterioro cognitivo, daño renal y trastornos psiquiátricos, afectando especialmente a consumidores habituales. Además, el aumento de su disponibilidad incrementa el riesgo de intoxicaciones agudas, lo que comienza a tensionar los servicios de salud, particularmente en población joven.

Desde una mirada más amplia, el fenómeno trasciende lo sanitario. “Este tipo de incautaciones confirma la presencia de redes de crimen organizado que utilizan estructuras legales para distribuir drogas”, enfatiza Torres. El avance de estas sustancias representa un doble desafío: de seguridad pública y de salud, obligando a reforzar estrategias de control.

En este escenario, los expertos coinciden en un punto clave. Es urgente fortalecer la fiscalización, la prevención y la educación sobre drogas emergentes, considerando que el aumento de incautaciones refleja un mercado en expansión.