Diputados del bloque opositor no descartan pedir que la tramitación vaya a comisiones como Desarrollo Social, donde son mayoría, o incluso Ciencia, que es presidida por el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien por su estilo interpelador se ha convertido en uno de los principales adversarios del Ejecutivo. Si bien es facultad de la Mesa de la Cámara, hoy presidida por el diputado Jorge Alessandri (UDI), proponer en primer lugar cuál será el itinerario de tramitación del proyecto, después de la cuenta una bancada puede solicitar un cambio de comisiones. Si es que no hay unanimidad, la solicitud se vota de inmediato, y con la simple mayoría de los diputados presentes a esa hora, al inicio de la sesión, se puede doblar la mano al presidente de la Cámara y al gobierno.

La disciplina, la asistencia y la puntualidad, en ese sentido, jugarán un papel clave el día que ingrese este mensaje presidencial. Hoy los legisladores de derecha y aliados de Kast suman 76 votos, es decir, están en minoría, frente a las dispersas fuerzas opositoras que van desde el Partido de la Gente al PC. Por lo tanto, existe un riesgo cierto de que la oposición, si actúa coordinada, le propine un revés preliminar al oficialismo.

Si bien un percance de esa naturaleza es subsanable -por ejemplo, La Moneda puede retirar el mensaje y volver a ingresarlo-, igualmente sería un golpe simbólico que retrasaría los planes gubernamentales. En la tramitación de la pasada ley de combustibles, el diputado Manouchehri intentó sin éxito cambiar el itinerario de comisiones, pero en ese caso el oficialismo se impuso, ya que el día anterior los jefes y coordinadores de bancadas se prepararon y exigieron una estricta asistencia y puntualidad a sus diputados. Uno de los argumentos de fondo para recurrir a estas maniobras dilatorias es que estas leyes misceláneas históricamente han sido cuestionadas desde un punto de vista democrático y jurídico, al obligar al Congreso tener que resolver un conjunto de temas sin un adecuado debate legislativo.

Por ejemplo, los gobiernos de Donald Trump en EE. UU. (con la apodada One Big Beautiful Bill, La Gran Hermosa Ley), y de Javier Milei en Argentina (con la llamada Ley Ómnibus) impulsaron reformas de esta complejidad en un contexto de polémicas y resistencia por esas mismas razones.

A inicios de este año, la administración de Gabriel Boric también empujó una ley de reajuste del sector público con casi 100 medidas de distinta naturaleza, lo que también fue objetado por parlamentarios y juristas de derecha. Estos reparos han llevado a parlamentarios del oficialismo -como la actual presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN)- a plantearle al Ejecutivo que separe el proyecto con el fin de simplificar el debate en los temas en los que hay acuerdo transversal. Pese a ello, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (ind.

) dijo que, hasta el momento, La Moneda se mantendría en su plan original. “Lo que quiere hacer el gobierno es un verdadero ‘turbazo’ legislativo. Mezcla la reconstrucción con su reforma tributaria para disfrazar con cenizas una rebaja de impuestos.

Cuando hubo que aliviar a las familias con el ‘bencinazo’ nos dijeron que ‘no hay plata’. Ahora sí aparece la plata pero para favorecer a los más ricos. Chile requiere otra cosa, que los impuestos le bajen a la inmensa mayoría de la población y no solo al 1%, con compensación fiscal y con incentivos que se traduzcan en inversión, innovación y empleo para jóvenes y mujeres, y no en más utilidades para los grandes empresarios como plantea el gobierno”, dijo ayer Manouchehri, adelantando su rechazo al proyecto.