Luego se abordan las medidas de eficiencia en gestión de bienes y servicios. Entre otras cosas, se sugiere pivilegiar el convenio marco, intermediación de Cenabast y compras coordinadas por macrozonas para generar economías de escala, así como que el trato directo debe ser excepcional y fundado por escrito. También se propone avanzar en la estandarización de insumos para cirugías y nomenclatura estándar de dispositivos médicos.
Hay medidas incluso para servicios básicos y de apoyo, donde entre otras cosas, se sugiere revisar la tarifa vigente de electricidad. En cuanto a medicamentos e insumos, la instrucción del Minsal es mejorar la programación y disminución de compras extraordinarias. Por otra parte, en lo referido a compra de servicios de personal se estableció el recurrir a ellas en casos críticos asociados a continuidad de atención y sólo si se agotaron todas las instancias en la programación de horas institucionales y del plan de refuerzo transitorio, además de otras medidas en torno a interoperabilidad de bodegas y control y trazabilidad del gasto.
Hospitales en vilo Según se ha determinado en el Minsal, los encargados de diseñar, bajar y aplicar las medidas de ajuste son los servicios de salud y luego, los hospitales. El tema es que según reportan voces de diversos hospitales consultados por este medio, ni los servicios han sido proactivos en hacerles una bajada sobre cómo se deberían realizar los ajustes, ni el ministerio al exigirle a los servicios que lo hagan. Resumidamente, dicen, lo conversado en la cita de ese 12 de mayo entre el subsecretario y los directivos de servicios de salud no ha llegado hasta donde debe llegar.
“Solo se ha dicho que esto debe ser en base a la propia realidad de cada hospital, pero no ha habido directrices claras”, resumen en uno de los hospitales más grandes de la Región Metropolitana. En otro añaden que el principal problema de todo este proceso es que hubo un gran anuncio de una reducción del 2,5% de presupuesto del Minsal sin una bajada clara a los recintos sanitarios, que es donde es necesaria la información. “Genera incertidumbre y espacio para reclamos de gremios y los propios usuarios”, dice un directivo.
Al respecto, Francisca Crispi, presidenta del Colmed Santiago, señala que “existe una contradicción evidente: el gobierno afirma que los recortes no afectarán la atención, pero el decreto de Hacienda demuestra lo contrario. La reducción presupuestaria implica que no se financiarán más de 26 mil hospitalizaciones en la red pública, además de recortes en personal, insumos, equipamiento e inversiones, entre otros ámbitos. Por ejemplo, quitar financiamiento de más de $ 2.
500 millones a hospitales críticos en Santiago como el Hospital Sótero del Río y el Hospital del Salvador, afectará la atención de sus pacientes de manera ineludible”. Y añade: “La Atención Primaria también se ve impactada, con un recorte superior a $ 18 mil millones. Esta medida no responde a criterios de eficiencia: solo precariza las condiciones en que se atiende a los pacientes del sistema público.
Los pacientes no pueden pagar el déficit fiscal”.