Cuestionamientos a la evaluación El Gobierno mexicano señaló que el comité basa su análisis principalmente en casos ocurridos entre 2009 y 2017 en cuatro estados, calificando la decisión como “parcial y sesgada”. Además, reprochó que no se haya considerado información oficial actualizada entregada días antes de la publicación del informe. Asimismo, destacó que el propio comité reconoce que no existen indicios de una política federal orientada a cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la situación actual difiere de periodos anteriores y enfatizó que el Estado “no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”. También enumeró reformas legales en materia de búsqueda de personas e investigaciones forenses. Postura del organismo internacional Desde el comité, su presidente Juan Albán-Alencastro señaló que el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad ocurran a escala nacional o sean dirigidos por las más altas autoridades, sino que basta con que exista un patrón de ataques contra la población civil.
El organismo también indicó que ha recibido información sobre casos en los que habría participación directa o indirecta de funcionarios públicos, así como la posible intervención de actores no estatales en el marco de ataques sistemáticos. En cuanto a la magnitud del fenómeno, el comité advirtió que el registro nacional aún no permite determinar con claridad cuántos casos corresponden a desapariciones forzadas. Según cifras oficiales, más de 130000 personas han sido reportadas como desaparecidas desde 2006.
Además, se han identificado más de 4500 fosas clandestinas, con al menos 6200 cuerpos y 4600 restos humanos, junto con cerca de 72000 restos no identificados. El informe también vincula la persistencia de estos hechos con dinámicas asociadas a la llamada “guerra contra las drogas”, que habría contribuido a la violencia en diversas regiones del país.