Lo que se requiere es avanzar hacia un modelo centrado en lo educativo, donde las decisiones sobre ingreso y permanencia en el PIE se basen en evaluaciones pedagógicas integrales, contextualizadas y realizadas por profesionales idóneos del ámbito educacional. Mantener el diagnóstico médico como requisito excluyente no solo limita, sino que también posterga apoyos oportunos, introduce barreras de acceso y desplaza la atención desde lo pedagógico hacia la lógica de la certificación. Si de verdad se quiere fortalecer la inclusión, el esfuerzo del Estado no debiera concentrarse en reproducir exigencias formales de dudosa utilidad, sino en asegurar apoyos pertinentes y de calidad dentro de las escuelas.
La pregunta de fondo es simple: si el objetivo es responder mejor a las necesidades de los estudiantes, ¿por qué seguir gastando millones en un mecanismo que muchas veces no mejora esa respuesta? Una política pública no se justifica por su burocracia, sino por su capacidad real de generar inclusión y mejores oportunidades educativas.