El Gobierno del Presidente José Antonio Kast, a través del ministro del Interior, Claudio Alvarado, entregó al Congreso la agenda legislativa que impulsará el Ejecutivo en los próximos meses en materia de descentralización y otros asuntos propios de la competencia de esa cartera. En su presentación, tanto en el Senado en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, como en la Cámara de Diputadas y Diputados en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, el ministro del Interior estructuró su exposición en torno a cinco pilares que orientan la agenda legislativa y programática de la cartera para el año en curso, siendo el primero: la descentralización. Es en esa línea que Alvarado confirmó que el Ejecutivo pondrá urgencia al proyecto que fortalece la descentralización financiera de los gobiernos regionales.

La iniciativa ingresada en 2020 -que ya fue aprobada en general por la Sala del Senado- había permanecido sin urgencia, en medio de cuestionamientos por su lenta tramitación. Con esto, y según lo señalado por el ministro del Interior, La Moneda busca reactivar una discusión sobre la capacidad real de las regiones para administrar sus propios recursos, uno de los nudos estructurales del proceso descentralizador. Bajo este eje, el ministro señaló que el mandato del Ministerio es avanzar hacia un Estado más eficiente, capaz de reconocer las particularidades territoriales y promover el desarrollo equilibrado de regiones, provincias y comunas.

Asimismo, subrayó la necesidad de reactivar su tramitación, especialmente para equilibrar la autonomía con responsabilidad fiscal. En este marco, identificó como principales desafíos para 2026 la gestión de la transferencia de competencias, la continuidad de políticas territoriales diferenciadas y el fortalecimiento institucional en materia de control, transparencia y coordinación intergubernamental. Sobre las transferencias de competencias a los Gores, Alvarado distinguió dos etapas en la implementación de la política.

La primera, entre 2018 y 2022, correspondió a un período transitorio en el cual las transferencias eran iniciadas exclusivamente por el Ejecutivo, de oficio. En esa fase se concretaron 15 transferencias de competencias desde distintos ministerios y servicios —como Vivienda, Transportes, Corfo, Sercotec y FOSIS— hacia los gobiernos regionales. La segunda etapa, iniciada en 2022 hasta la fecha, habilitó la posibilidad de que los gobiernos regionales solicitaran transferencias.

Sin embargo, el ministro enfatizó que, pese a esta facultad, todas las iniciativas han seguido siendo impulsadas por el Ejecutivo, sin solicitudes originadas en los gobiernos regionales. Así, de un total de 35 competencias propuestas, solo se han materializado 4, lo que plantea interrogantes respecto de las barreras existentes —ya sean normativas, operativas o de capacidades institucionales— que estarían limitando el uso de esta herramienta. Otros proyectos Las otras iniciativas que busca reactivar el Ejecutivo son los proyectos de ley sobre integridad municipal, que buscan robustecer los mecanismos de control, regulación de transferencias a privados, fortalecimiento del rol fiscalizador de los concejos municipales y supervisión de corporaciones y fundaciones municipales, identificadas como espacios potenciales de elusión de controles.

Cabe precisar que estos se encuentran con urgencia suma, en segundo trámite constitucional en el Senado. Al mismo tiempo, otro proyecto es la iniciativa de norma sobre el permiso de circulación estandarizado que está orientado a mejorar la seguridad en la emisión de licencias de conducir y prevenir prácticas de corrupción en el ámbito municipal. Este se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara Baja.

Regiones más fuertes Paralelamente a las iniciativas que busca reactivar el Gobierno del Presidente Kast, también está el proyecto de ley “Regiones Más Fuertes”, ingresado en 2023, que se encuentra en su primer trámite legislativo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, que ya aprobó en general la iniciativa. En diciembre de 2025 se ingresó un segundo paquete de indicaciones que fue elaborado a partir de una mesa de trabajo entre los equipos técnicos de la Dipres, de los gobiernos regionales, a través de la Asociación de Gobiernos Regionales de Chile (Agorechi), y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Aquella propuesta tiene como objetivo mejorar la arquitectura fiscal de los gobiernos regionales para entregarles más facultades presupuestarias y más mecanismos de control, para que los recursos se utilicen de manera más efectiva, eficiente y respondan a las urgencias territoriales.

Actualmente está con urgencia simple en la Cámara Baja.