La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó este martes los proyectos ingresados por el gobierno de José Antonio Kast para enfrentar la violencia escolar, los que fueron impulsados luego del asesinato de una inspectora al interior de un liceo en Calama. En conversación con CNN Chile, la secretaria de Estado desmenuzó la iniciativa que buscan, entre otras cosas, la prohibición de ciertas prendas de vestir y la revisión de bolsos y mochilas en el proyecto bautizado como “Escuelas protegidas”, el que quedó a cargo de Educación. Asimismo, se refirió también al segundo proyecto, que endurece las sanciones por actos violentos en contextos educacionales, el cual será llevado por la cartera de Seguridad Pública, que encabeza la ministra Trinidad Steinert.
En esa línea, Arzola destacó que el objetivo de ambos proyectos es “enfrentar la emergencia, con medidas que son de mediano plazo”. “Lo que tiene que ver con la seguridad, son medidas mucho más urgentes para contener la crisis (de violencia escolar)”, agregó la secretaria de Estado. “Muchas de las medidas que están contenidas en estos proyectos de ley, no apuntan naturalmente al problema de fondo, pero sí a enfrentar una emergencia que es impedir que se cometan delitos al interior de los colegios, y también el porte de armas, y que se den estas situaciones que nosotros hemos dicho, no deben tener cabida en el espacio escolar”, afirmó la titular del Mineduc respecto a críticas realizadas contra los proyectos.
Durante la entrevista, Arzola fue requerida por el contenido de “Escuelas protegidas”, iniciativa que permitiría la revisión de las pertenencias de los estudiantes. “Lo primero, es que es igual que los pórticos. Esto no es una medida obligatoria que tengan que llevar a cabo los colegios.
Esto es una posibilidad de que los colegios que lo quieran poner en su reglamento interno, puedan hacerlo”, afirmó Arzola, añadiendo que se trata de una disposición optativa tanto para colegios públicos como privados. En ese sentido, planteó que “nos costó redactar esto porque no es fácil, está el derecho a la privacidad, entonces esto tiene que hacerse de manera muy cuidadosa”. Además, detalló cómo se debería realizar la revisión planteada en el proyecto de ley: “La idea es llevarlo a un lugar (al estudiante), apartarlo en una sala y poder ahí pedirle que abra su mochila o que muestre si es que tiene algo”.
“Si él no quiere, entonces hay que llamar al apoderado. Y si es que el apoderado no llega o se sigue sin poder identificar lo que hay adentro, entonces ahí recién se llama a Carabineros, que son ellos los que realmente pueden hacer la acción, digamos, de revisar la mochila, porque un profesor no está habilitado para hacer algo así”, explicó la autoridad. En ese sentido, afirmó que el proyecto de ley específica que no pueden ser los profesores o autoridades educacionales quienes realicen las revisiones.
“En el proyecto de ley explicitamos que no puede ser de manera forzosa, por eso se le solicita al estudiante que lo abra”, agregó Arzola, agregando que la forma de proceder la determinarán los recintos estudiantiles a través de sus reglamentos. La secretaria de Estado también desestimó que se pueda realizar una revisión a las ropas de los alumnos por parte de un adulto. “Por eso digo que son las pertenencias, no es la ropa.
Mochilas, bolsos, así está redactado en el proyecto de ley”. La titular del Mineduc también abordó el proyecto que endurece las sanciones para quienes cometan delitos en el contexto estudiantil, alojado en Seguridad Pública. Allí, en el fundamento de la iniciativa se señala: “Esta propuesta permitirá equiparar la responsabilidad penal de niños, niñas y adolescentes a la de una persona adulta que cometiera el mismo delito fuera del contexto educacional, por considerarse especialmente grave.
Por su parte, en el caso de personas adultas que cometan delitos comprendidos en las nuevas agravantes, su responsabilidad penal aumentará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 y siguientes del Código Penal". Ante esto, Arzola afirmó que “la idea es que no parte desde el grado mínimo de la pena, cuando se habla de agravar o endurecer (... )”.
Con todo, Arzola descartó que se busque instalar la igualdad de penalidades de los estudiantes con los adultos que cometan un delito. “No se equiparará la responsabilidad penal de un adolescente con la de un adulto”, afirmó, pese al contenido del proyecto presentado a la Cámara de Diputados. La ministra de Educación, María Paz Arzola, también abordó las disposiciones legales contenidas en el proyecto que buscan reforzar y “empoderar” el rol de los profesores en el aula, y que modificaría el Estatuto de los Profesionales de la Educación.
El proyecto señala que “se entenderá por enfoque formativo el conjunto de medidas pedagógicas preventivas, correctivas y disciplinarias orientadas a resguardar el normal desarrollo de la actividad educativa, el orden en la sala de clases y la adecuada convivencia escolar, promoviendo la responsabilidad del estudiante y el aprendizaje de conductas acordes a la vida escolar. Las medidas adoptadas por los docentes podrán ser inmediatas y tendrán carácter obligatorio para los estudiantes, sin perjuicio de las demás medidas disciplinarias que correspondan conforme al reglamento interno del establecimiento". También se incluye que “el relato escrito y documentado del profesional de la educación afectado o interviniente constituirá antecedente para fundar la adopción de medidas inmediatas de resguardo y para el inicio del procedimiento correspondiente de acuerdo con el reglamento interno de convivencia escolar, sin perjuicio de la ponderación de los demás antecedentes del caso y del respeto del debido proceso”.
Ante esto, Arzola defendió lo propuesto, y agregó que “la idea es acá explicitar en el estatuto de los profesores la atribución de poder hacer y que puede hacer, pero en la medida que uno lo explicita le da de alguna manera un espaldarazo para que el profesor tenga las facultades explícitas en la ley de su rol formativo en lo que tiene que ver con el manejo de la convivencia escolar”. Asimismo, Arzola señaló que la medida no busca cambiar aspectos curriculares, sino la convivencia en el aula. “Si el niño le falta el respeto, que el profesor sienta el respaldo de que puede llamarle la atención y que eso no va en desmedro del niño, sino que, todo lo contrario, ese niño aprende a respetar la autoridad, así como tiene una autoridad en la casa que son los papás, la idea es que en el colegio sepa que la autoridad es el profesor, que tiene que respetarlo y eso va en beneficio del niño”, complementó.
Respecto de acusaciones de que el proyecto buscaría mermar el derecho a la manifestación de los estudiantes, la ministra Arzola explicó que los alumnos pueden participar de este tipo de acciones “fuera del horario escolar” y sin interrumpir las clases dentro del establecimiento. Además, justificó como una medida disuasiva al actuar violento que a aquellos jóvenes que resulten condenados por delitos contra la vida o propiedad en contexto educativo, pierdan la posibilidad de acceder a la gratuidad universitaria, por un plazo de cinco años. Sin embargo, Arzola explicó que la medida puede ser revisada por un juez, revocando la sanción antes del plazo estipulado en el proyecto y descartó que se trate de quitar beneficios sociales, como acusaron sectores de la oposición.
“La idea acá es disuadir, porque hoy día, cometer delitos en el contexto educativo no tiene costos. Nosotros queremos ponerle costos, porque queremos transmitir, de nuevo, que los delitos, que la violencia, no pueden tener cabida en el espacio escolar y que la educación tiene que ser un espacio especialmente protegido”, señaló Arzola. Respecto a las acusaciones de restricción o eliminación de beneficios sociales, Arzola estimó que “a mí me parece que si nosotros quisiésemos tener una discusión de fondo de la gratuidad, la tendríamos directamente”.
“Yo no tenía ningún problema en hacerlo, pero acá lo que estamos haciendo en definitiva es tratar de disuadir, de evitar que se cometan delitos y que haya violencia en el espacio escolar”, agregó.