El ministro de Vivienda, Iván Poduje, abordó las críticas surgidas al interior del Gobierno por su postura frente a los recortes presupuestarios, asegurando que su cartera sí realizará ajustes, pero priorizando la protección de los programas con mayor impacto social. Las declaraciones se dan en medio de cuestionamientos que lo han calificado como un “ministro en rebeldía” frente a las directrices del Ministerio de Hacienda. Al respecto, la autoridad aclaró que no existe negativa a aplicar recortes, sino diferencias respecto a dónde se deben ejecutar.
“Vamos a hacer los recortes, pero los vamos a definir nosotros. No podemos afectar programas que tienen mayor beneficio social”, afirmó, agregando que los ajustes se concentrarán en áreas como los créditos de enlace destinados a empresas constructoras. En esa línea, anunció que se publicará un ranking de empresas por región, evaluadas según su desempeño en postventa, y que aquellas con peor calificación perderán acceso a este tipo de financiamiento estatal.
Consultado por eventuales tensiones con el Ejecutivo, el ministro indicó que el tema ha sido conversado en La Moneda, asegurando que sus declaraciones fueron malinterpretadas y que siempre ha existido disposición a cumplir con los ajustes presupuestarios. Respecto a la desvinculación de funcionarios vinculados políticamente, señaló que se trata de decisiones habituales dentro de la administración pública. “Hay gente que llega por confianza política y se va cuando no hay confianza política”, explicó, destacando que la gran mayoría del personal corresponde a funcionarios de carrera.
En el plano regional, el secretario de Estado se refirió a la problemática de asentamientos en el sector de la población Raúl Silva Henríquez, en Punta Arenas, indicando que se están evaluando medidas para enfrentar la situación. El ministro fue enfático en señalar que se debe resguardar el Estado de Derecho, especialmente ante denuncias de descarga de aguas servidas que estarían afectando el funcionamiento de un consultorio y un jardín infantil. “No vamos a aceptar que un asentamiento irregular genere condiciones sanitarias que perjudiquen a niños y pacientes.
Vamos a tomar todas las medidas necesarias”, sostuvo. Asimismo, indicó que existe un plan nacional de desalojos de asentamientos ilegales, priorizando a familias que llevan años esperando una vivienda. No obstante, reconoció que aún se debe clarificar la situación legal específica de este asentamiento en la capital regional.
Finalmente, el ministro reiteró que el foco de su gestión está en responder a las necesidades de las familias sin vivienda, muchas de las cuales —aseguró— llevan entre ocho y diez años en lista de espera.