“No descansaremos hasta que responsables paguen”: Comunidad Quechua logra la admisibilidad de querella por atentado ambiental en Salar que tribunal El Juzgado de Garantía de Calama declaró admisible una querella criminal presentada por la Comunidad Quechua de Cebollar Ascotán por atentados ambientales irreparables en la vertiente 11 del Salar de Ascotán, comuna de Ollagüe, según informó El Nortero de Calama. La resolución obliga al Ministerio Público a investigar los hechos y posibles responsables bajo la nueva Ley de Delitos Económicos y Ambientales. Según la publicación de El Nortero, los hechos se remontan al 4 de abril de 2026, cuando se detectó el ingreso de vehículos al interior del salar.
Un día después, monitores ambientales de la comunidad constataron un aumento anómalo en el nivel de agua en la vertiente 11, junto con mortandad de fauna endémica, incluyendo el pez Orestias ascotanensis —especie única de estas vertientes—, la rana del Loa (Telmatobius philipsi), aves migratorias y flora altoandina. Vanessa Bello Quispe, presidenta de la comunidad, citada por El Nortero, afirmó: “Como víctimas directas y custodios ancestrales de este territorio, no descansaremos hasta que los responsables de intervenir nuestras aguas enfrenten las penas que establece la nueva Ley”. La acción judicial no identifica responsables específicos, sino que se dirige contra quienes resulten responsables, abriendo un escenario investigativo amplio que incluye posibles intervenciones reiteradas en la zona.
El caso expone una tensión estructural entre la fragilidad ecológica del Salar de Ascotán y actividades humanas sin monitoreo efectivo, advierte El Nortero. La Fiscalía deberá determinar si hubo intervención ilegal, alteración de caudales o delitos ambientales tipificados, además de evaluar medidas cautelares solicitadas por la comunidad para evitar nuevas intervenciones en uno de los puntos hídricos más sensibles de la región.