De hecho, el deceso ocurrió durante su gestión, el 28 de septiembre de 2024, cuando Morales falleció tras sufrir un ataque cardíaco en una jornada laboral que según constató un informe de la Dirección del Trabajo, se había extendido por más de 18 horas. El último sumario llevado a cabo por la Dirección Administrativa de la Presidencia fue "representado" (rechazado) el pasado 13 de marzo, dos días después del cambio de mando y fin del gobierno del ex Presidente Gabriel Boric. El órgano fiscalizador constató faltas de "motivación" y de "fundamento racional" en algunas de las sanciones aplicadas a funcionarios de gobierno, por lo que ordenó una vez más la reapertura de un procedimiento sumarial.
Según consignó El Mercurio, el informe remitido a la CGR buscaba sancionar a cinco funcionarios. Entre ellas se contemplaba la suspensión de tres meses y remuneración del 50% de su sueldo para el jefe del Departamento de Logística, Fernando Tobar -quien se mantiene en el cargo- y el encargado de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, Fabián Escobar Astudillo. Se suma la misma medida pero con el 70% de su remuneración a Jaime Bustos Bruto, jefe del Departamento de Gestión de Personas.
A otros dos funcionarios se les buscaba sancionar con multas "sobre la remuneración": un 15% para Ricardo Muñoz Pérez y un 10% para Noé Marinao Navarrete, del subdepartamento de Mantención Técnica. Según Contraloría, "en efecto de la revisión de los mencionados actos administrativos, se advierte que estos no exponen las razones por las cuales se impusieron tales castigos correctivos", y dichas sanciones se deben aplicar "tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes (... ) Lo que no se advierte en la especie".
Por ello, el órgano liderado por Dorothy Pérez pidió a la Dirección Administrativa de la Presidencia enviar copia del acto que disponga la reapertura de un sumario para "subsanar las observaciones señaladas" en un plazo de 10 días hábiles, quedando ahora en manos de la nueva administración de José Antonio Kast. Los otros informes rechazados Con este último, ya van tres informes rechazados por la muerte del gásfiter que conmocionó al país. Dos meses del hecho y tras una solicitud por parte de la familia de Hugo Morales, Contraloría le solicitó por primera vez a Presidencia iniciar un sumario para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
El 11 de abril de 2025 la CGR respondió al oficio y ¿advirtió que el texto entregado por Presidencia era una "indagatoria incompleta", por lo que se determinó que "no se ajustaba a derecho". Se complementó con que "no consta que se hayan investigado las presuntas responsabilidades que pudiesen asistirles a la Jefatura del Departamento de Gestión de las Personas y al encargado de la Sección de Prevención de Riesgos de dicho departamento". Esto, "atendiendo que la falta de supervigilancia de los turnos y labores extraordinarias excesivas serían situaciones que se reiterarían de manera constante y configurarían un riesgo laboral".
El segundo rechazo por parte de la CGR se concretó el 19 de enero de este año por motivos similares, determinando que las sanciones dictadas por el Ejecutivo no tenían "fundamento racional" ni que se ajustaban a la normativa legal. En ese entonces, el organismo aclaró que "los actos administrativos que afinaba dicho sumario han sido representados en dos ocasiones (rechazados) por esta entidad de control, ya que el procedimiento incurrió en graves deficiencias que inciden en su localidad y piden cursarlo", solicitando por tercera vez un informe. "En ambos se da cuenta expresa de las infracciones del sumario", indicaron, y explicitaron que "actualmente, el sumario se encuentra en poder de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, a la que compete darle curso regular al mismo", pero que finalmente fue rechazado el 13 de marzo.