La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) expresó su preocupación por la falta de información oficial respecto a la implementación de la ayuda comprometida por el Gobierno, consistente en la entrega de vales de gas para el 80% más vulnerable de la población. Recordemos que a comienzos de mes, el Presidente de la República, José Antonio Kast, anunció un conjunto de medidas destinadas a mitigar el impacto del alza de los combustibles en la economía de los hogares. En la ocasión, el Jefe de Estado confirmó la entrega de un aporte directo de un balón de gas de 15 kilos por familia, para las familias pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Para realizar la medida se destinará US$225 millones, los que serán distribuidos a través de los municipios. Sin información oficial A través de un comunicado, la AChM aseguró que, hasta ahora, los municipios del país no han recibido lineamientos formales sobre el mecanismo de ejecución de este beneficio, lo que ha impedido avanzar en su aplicación. “Hoy no existen ni vales ni recursos disponibles en nuestros municipios para dichos fines”, advirtieron.

En esa línea, la AChM alertó que no resulta administrativamente viable traspasar a los gobiernos comunales la responsabilidad de ejecutar estos recursos, ya que ello implicaría asumir procesos de compra y distribución que podrían retrasar la entrega oportuna del beneficio y dificultar una respuesta eficaz a las necesidades urgentes de la ciudadanía. Frente a este escenario, los municipios propusieron evaluar alternativas más eficientes, como la transferencia directa de recursos a las familias beneficiarias mediante instrumentos electrónicos, o bien la implementación de un sistema de compra centralizada. Asimismo, reiteraron la necesidad de contar con definiciones claras a la brevedad, señalando que tanto los vecinos como las autoridades locales requieren certezas administrativas para colaborar de manera efectiva en la ejecución de la medida.

Finalmente, la asociación enfatizó la urgencia de que el Ejecutivo entregue información precisa en el corto plazo, advirtiendo que no debiera transcurrir la semana sin que se aclaren los detalles de la implementación del beneficio.