Una de las medidas que está presente en el Proyecto de Reconstrucción Nacional es la eliminación del pago de contribuciones a la primera vivienda a los adultos mayores, es decir, a propietarios mayores de 65 años de edad. Un punto relevante de la discusión es que, para el primer semestre de 2026, las propiedades habitacionales con un avalúo fiscal igual o inferior a $60 millones estén exentas de contribuciones. De acuerdo al Ejecutivo, el número de adultos mayores beneficiados por esta medida se estima en un universo de 294 mil.

Asimismo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, precisó que el costo fiscal de la medida será del orden de US$200 millones al año, pero aclaró que lo que “nos corresponde restituir del Fondo Común Municipal son US$130 millones”. Cabe detallar que el foco será respecto de la propiedad principal, aquel inmueble destinado y utilizado preferentemente para la habitación y que constituya la residencia habitual del contribuyente. En el detalle se informó que el propietario del inmueble podrá invocar esta exención sólo respecto de una vivienda en todo el territorio nacional (en caso de ser propietaria de 2 o más bienes raíces).

Ante la idea, el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (Amrbb) y alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, manifestó que “somos enfáticos en aclarar que la eliminación del pago de contribuciones para mayores de 65 años, pese a que busca apoyar a un grupo de nuestra población, tendrá un impacto negativo directo en las arcas municipales, especialmente en las comunas más pequeñas y rurales”. En ese contexto, Fuentes argumentó que “lo que se recauda a través del pago de contribuciones es clave para financiar servicios básicos y programas sociales. Si no existe una compensación clara, permanente y suficiente por parte del Estado, serán los propios vecinos y vecinas quienes terminarán viendo afectados los servicios que entregan sus municipios”.

Si bien el presidente de la Amrbb aseguró en que son conscientes en que apoyar a los adultos mayores es necesario, aquello no debe ser “a costa de debilitar a los gobiernos locales ni de poner en riesgo la gestión municipal”. Fondo Común Municipal El Fondo Común Municipal se creó con el propósito de buscar una mayor equidad territorial, puesto que, si bien cada municipio tiene sus propios ingresos, las desigualdades territoriales requirieron de un mecanismo de redistribución. Esta función la cumple, en parte, el Fondo Común Municipal, que fue creado en 1979.

“Mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país”, así lo define la Constitución Política. Y, además, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades le confiere a este instrumento el objetivo de “garantizar el cumplimiento de los fines de las municipalidades y su adecuado funcionamiento”. El financiamiento de las casas ediles se basa principalmente en el cobro de impuestos cuya base gravada tiene directa relación con el valor patrimonial de los bienes.

Por ejemplo, el impuesto territorial grava el avalúo fiscal de las propiedades; el permiso de circulación grava el avalúo fiscal de los vehículos, y las patentes municipales gravan el capital propio de las empresas. El FCM redistribuye recursos netos solo desde 52 comunas; en otras palabras, 293 municipalidades del país reciben una mayor cantidad de recursos que lo que aportan a él. A nivel nacional, en el caso de las contribuciones, Las Condes, Vitacura, Providencia y Santiago aportan el 65% de lo que recaudan.

Las 341 comunas restantes, aportan el 60% de lo recaudado por contribuciones a este FCM.